Las setenta y dos

Cualquiera que haya indagado en el origen de las bolsas de exclusión de nuestras ciudades, habrá encontrado un denominador común: la decisión de las administraciones de concentrar a las familias más vulnerables en espacios bien diferenciados del resto de la ciudad. Se toma a familias con problemas económicos, de desempleo, precariedad, etc., y en lugar de ubicarlas junto a otras familias, las metemos a convivir en bloques separados del resto del barrio. ¿Qué puede salir mal?

Este es el origen de barrios estigmatizados como las tres mil de Sevilla, las trescientas setenta de Padre Claret, en Distrito Norte o las ochocientas de la barriada Murillo, también en Sevilla. Barrios donde se condensaron en viviendas sociales a familias que en otro contexto podrían haber progresado  y desarrollado sus capacidades, pero que, así agrupadas, sumaron y multiplicaron sus carencias.

Así es como se diseña sobre plano un gueto urbano. Luego pasan las décadas y los planes de empleo y de inclusión y de rehabilitación y de acompañamiento familiar… y las barriadas no mejoran. Porque hay un problema estructural. La exclusión se reproduce a causa del hacinamiento de los pobres, unos encima de otros. Una política fracasada y que no debería repetirse.

Pero como todo es posible en Granada, aquí sí. Aquí el Ayuntamiento ha decidido reincidir en este error histórico y edificar las barriadas vulnerables del siglo veintiuno. Nada menos que 565 viviendas en alquiler social que ha planificado el equipo de gobierno. Pero no, como aconsejan todos los urbanistas, mezcladas en promociones de vivienda libre o protegida de población sin problemas de vulnerabilidad. Todo lo contrario. Serán gigantescas promociones donde hasta 200 familias convivirán en pequeñas barriadas formadas por grandes bloques y separadas del resto del distrito. Justo lo contrario de lo que debe hacerse.

Para colmo, una de estas promociones, la que está levantando mayor rechazo, la han planificado en una parcela en la calle Luis Miranda Dávalos en la que las vecinas y vecinos llevan reivindicando desde hace décadas un equipamiento social. Un edificio donde ubicar las salas de reuniones, biblioteca, guardería y centro de mayores de los que carece el barrio. Se lo prometieron sucesivos alcaldes y ahora parece que lo van a perder para siempre.

El Ayuntamiento de Granada tiene suelo de sobra, y ya urbanizado, para construir vivienda, ya sea libre, protegida o pública en alquiler. No hace falta arrebatarle al vecindario del barrio de la Cruz el equipamiento social que tanto han reclamado. Mucho menos para llevar a cabo una decisión tan errónea como esta. Mucho menos, además, cuando ni siquiera serán en realidad verdaderas viviendas públicas en alquiler. Resulta que el plan es que una empresa privada o algún fondo de inversión se hagan con una concesión a 75 años para la construcción y explotación comercial de estos alquileres sociales. Podemos imaginar el talante social de este casero, la renta que impondrá a las familias, al límite de lo que puedan pagar, así como el agravamiento de los problemas sociales que esto conllevará. Podemos imaginar también los márgenes de beneficio que tendrá el fondo, en una ciudad con los precios del alquiler por las nubes. Y todo esto, no lo olvidemos, sobre suelo público, propiedad de los granadinos y granadinas.

Vivienda pública en alquiler sí, pero no así. Debe rechazarse la construcción de las setenta y dos, pero no por aporofobia, sino por justicia. Para para no crear nuevas barriadas excluidas; para que un barrio no pierda su equipamiento social y para que una empresa privada no de un pelotazo a costa del suelo público. Por ello resulta indignante que este plan haya salido adelante con el voto a favor tanto del PSOE como del PP y la abstención de VOX, que directamente está en contra de cualquier cosa que suene a política social, aunque sea de lejos.

La vivienda pública en alquiler social debe ser la principal herramienta contra la estafa piramidal en la que se está convirtiendo el acceso a un techo. Pero: primero, debe hacerse sobre suelo residencial y sin perder equipamientos; segundo, las familias deben ubicarse junto al resto de población para evitar la formación de guetos y tercero, la propiedad y la gestión deben ser verdaderamente públicas. Por ejemplo, mediante la recuperación de la empresa municipal de vivienda, liquidada por Torres Hurtado hace ya diez años.

Publicado en elindependientedegranada 17 de junio de 2026