El PP cesa funcionarios díscolos

En los seis años que pasé como concejal de la ciudad de Granada, tuve ocasión de conocer a algunos funcionarios ejemplares. Trabajadores municipales que llevan su dedicación mucho más allá de las siete horas diarias y de las estrictas funciones de su puesto. Gente que interioriza como una tarea personal la responsabilidad que tienen asignada, y que la lleva como si el Ayuntamiento fuera suyo.

Estos funcionarios con vocación que se creen la utilidad del servicio público, son esenciales para una administración. Es este tipo de gente la que marca la diferencia y la que suele estar detrás de esos programas culturales que llaman la atención, de esa urbanización especialmente bien diseñada o de ese cruce de tráfico que no se atasca nunca, por mencionar algo.

A los políticos, estos funcionarios no les resultan cómodos. Precisamente su celo e identificación con la tarea, les hace especialmente críticos, independientes, autónomos y refractarios a decisiones que ponen otros intereses por encima de la prestación del servicio y de la atención al ciudadano. Para el político son un regalo envenenado: excelentes, pero incontrolables.

Los directores de servicios sociales cesados en estos días son precisamente de ese tipo de funcionarios: de los que te encuentras a las siete de la tarde, fuera de horario laboral, supervisando un taller con los niños de su barrio o tragándose la inspección de unas subvenciones, que les lleva a renunciar a semanas de su vida personal o familiar, ahorrándole al Ayuntamiento los miles de euros que costaría una evaluación externa. Les pude conocer profesionalmente en mi labor de concejal y tengo que decir que no son, además, personas dadas a la crítica fácil o a la polémica... de hecho, en mi tarea de oposición, dedicada a proponer mejoras a los puntos débiles del sistema de servicios sociales, su lealtad hacia sus superiores fue ejemplar.

La decisión de la delegada de bienestar social de cesarlos por haber manifestado críticas al funcionamiento del área es la propia de quien no es capaz de gestionar la calidad del material humano con el que trabaja. Es, además, un ataque frontal a la independencia de los funcionarios públicos. No podemos olvidar que esta independencia es uno de los derechos de los funcionarios y la única garantía que la ciudadanía tiene de que el aparato de la administración no se convierte en correa de trasmisión de los intereses de partido del político que los dirige. Así lo recoge en sus principios el Estatuto Básico del Empleado Público, que también establece, en su artículo 14, el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios.

Estos ceses son un error garrafal. Son malos para los servicios sociales municipales y sientan un precedente grave en el Ayuntamiento de Granada. No es, además, la primera situación de este tipo que se da en la casa consistorial. En la Junta o en la Diputación, se puede encontrar ahora a varios de los mejores funcionarios con los que contaba la ciudad, que han buscado refugio en otras administraciones ante la actitud inquisitorial y sectaria de una forma de entender el gobierno municipal que desconoce el respeto a la independencia de los funcionarios.

Estos ceses me escandalizan como exconcejal de Granada y como coordinador de una fuerza política que defiende a ultranza los servicios públicos. Pero es que además los siento como un ataque personal en mi condición de funcionario público. En mi trabajo, jamás consentiría que nadie viniera a decirme lo que tengo que hacer o dejar de hacer por intereses ajenos a la mejora del servicio. Los funcionarios nos debemos al pueblo soberano, a la ciudadanía, y no podemos consentir que un cargo político nos ordene guardar silencio ante una deficiencia grave en las condiciones en las que se prestan nuestros servicios.

Los ceses del Ayuntamiento de Granada son un ataque a la función pública y si no se corrigen de inmediato, merecen la respuesta unánime de todos los trabajadores públicos que respetamos nuestro trabajo y creemos en él.