23 de mayo de 2019

El Túnel Estafa del PP

Granada ya está acostumbrada a los proyectos fantasma de Sebastián Pérez. Cuando era presidente de la Diputación ocupó la portada de IDEAL anunciando que una nueva compañía aérea iba a conectar con varios vuelos semanales Granada con Roma, Berlín, París y Edimburgo... en menos de un mes la compañía había quebrado. Todo era mentira, como la escuela internacional de turismo, que iba a revolucionar el sector y se quedó en mudar de edificio el lugar donde se hacían los cursillos para el turismo rural y que ya no existe.

Sebastián Pérez y Pepe Torres presentando la aerolínea estrellada antes de despegar

El PP promete un túnel de 4 Km y pico que atravesará Granada de Norte a Sur. Aparte de una burrada ambiental, este proyecto es inviable. Ni siquiera el PP cree en él ni tiene intención de llevarlo a cabo. Es un pufo electoral.

El coste de un túnel como el que se está hablando, con 4 Km de longitud y dos niveles de tráfico rodado oscila entre los 100 y los 200 Millones de Euros el kilómetro, pudiendo dispararse el coste hasta los 250 Millones el kilómetro que se gastó el PP en Madrid en los tramos de la calle 30 soterrada, que es lo mismo que quieren hacernos aquí.

Entre 500 y 1.000 millones es lo que cuesta la broma de Sebas con el túnel. Dice que se va a pagar con la concesión de un parking de 1.000 turismos y 250 autobuses. Mentira.

GASTOS:
  • Supongamos que se financia al 3% anual (que ya es barato) y durante 50 años (mejores condiciones que el metro se financia al 4% durante 30 años) Eso supone una "letra" de 19,2 millones de euros anuales para pagar la obra.
  • Más 2 millones anuales en mantenimiento (el túnel de Somport también de 4 carriles y con 8,6 Km. de longitud cuesta 4 millones anuales)
  • Más el personal para atender y vigilar el macroparking (mínimo 2 turnos de 24h): 300.000 €.
  • Total: unos 21,5 M.€. anuales.
  • Más 21% de IVA: 26 M.€. anuales
  • Más 5% beneficio industrial 27.3 M.€. anuales.
  • 27,3 M.€. al año entre 365 días son 74.794 €. diarios de coste.
INGRESOS:
  • Supongamos que las plazas se ocupan al 100% los 365 días del año.
  • Contamos las 250 plazas de bus como 2 de turismo (igual que en el parking de la Alhambra)
  • Serían como 1.500 plazas de turismo a la hora de aportar ingresos.
  • 74.794 €. entre 1.500 plazas son 49,86 € por plaza
CONCLUSIÓN:

Suponiendo el coste más barato previsible para la obra, suponiendo unas condiciones de financiación inmejorables y suponiendo un 100% de ocupación de ese parking, 365 días al año, 24 horas al día... hacen falta sacar 50€ al día por plaza de aparcamiento ¿Conocen algún parking con esa rentabilidad en toda España? No lo hay. No existe.

POR TANTO:
  1. O el proyecto es inviable y no se hará jamás y es otra fantasmada de Sebastián Pérez porque ningún empresario particular se va a meter a arruinarse.
  2. O se hace porque se ponen garantías desde lo público, como hicieron con las autopistas radiales de Madrid, que nunca funcionaron como concesión y que hemos tenido que acabar pagando todos los españoles con nuestros impuestos para garantizar el negocio de los constructores. Es decir, que el proyecto es una amenaza de cargar al Ayuntamiento con una deuda extra que podría acercarse a 500 Millones de Euros.
EN RESUMEN: O Sebastián Pérez y el PP nos mienten o pretenden arruinar la ciudad.

Ahora vas, y los votas.

5 de abril de 2019

Barra libre al ladrillo: dieta basura

La derecha extrema que gobierna Andalucía ha anunciado que piensa hacer lo único que sabe: alimentar burbujas especulativas para dar una falsa sensación de bonanza económica. Eso es lo que significa el silencio administrativo positivo que anuncia Moreno Bonilla para los planes urbanísticos municipales: alimentar un nuevo boom inmobiliario en Andalucía sin valorar ni la necesidad social, ni las consecuencias negativas para el territorio y los servicios públicos, ni el efecto negativo para el conjunto de la economía.
Es mentira que Andalucía necesite más vivienda. Según los últimos datos disponibles, España bate el récord de vivienda desocupada en Europa, con tres millones y medio de viviendas vacías (lo mismo que Italia y Alemania juntas, sumando estas casi el triple de población). Y dentro de España, destaca Andalucía y, sobre todo, Granada, con un 17% de viviendas vacías en el conjunto de la provincia (unas 12.000), siendo la séptima provincia de España con mayor porcentaje de viviendas vacantes.
Que tenemos un problema de vivienda es evidente, dada la escalada de precios de alquiler y las listas de demandantes de vivienda. Pero esto no significa que se necesite más construcción, sino tornar accesible lo ya construido que, en la actualidad daría abasto para un crecimiento de población de la provincia de más de 25.000 personas (más de lo que se espera para los próximos 30 años según las proyecciones demográficas de Andalucía).
Eso sí, siempre habrá interesados en comprar casa en primera línea de playa, con vistas a la sierra, en el límite de un parque natural o junto a la ribera de un río. A precios prohibitivos para el granadino medio. Negocio redondo para el promotor y generación para el futuro de un gasto en equipamientos, transporte o redes de saneamiento que pagaremos entre todos, incluidos quienes no pueden pagar esas viviendas. Ningún gobierno responsable aprobaría un desarrollo urbanístico así... de ahí la utilidad del silencio positivo.
Sobran casas, lo que nos falta a los granadinos es dinero para comprarlas porque nuestra economía genera poco empleo, precario y mal pagado. Cabe preguntarse ¿Se arregla esto reavivando el boom del ladrillo? Y la respuesta es, categóricamente no. No solo no se arregla, sino que se agravará el problema.
La economía española en el siglo XXI se ha caracterizado por una dependencia morbosa del sector inmobiliario, que nos llevó hasta la cota absurda del año 2007, en el que el casi el 70% de toda la formación bruta de capital fijo en España se dedicaba a la construcción. Esto es malo, porque los ladrillos ni se comen ni producen nada que se coma. Pero, además, porque deja muy poca inversión disponible para los sectores que puedan generar riqueza a futuro (industria, producción intelectual, investigación, etc.) Ese mismo año 2007, la formación de capital en productos de propiedad intelectual sólo llegó a un 7% y la industrial al 24%. Si algo bueno ha tenido la crisis, ha sido acercarnos más a la composición europea de nuestra inversión. Actualmente, la construcción ha descendido a un 49%, liberándose capacidad inversora para la industria (35%) y productos de la propiedad intelectual (15%). Ahora nuestra "dieta" es más sana, más intensa en inversión productiva que genera empleo para el futuro.
En Andalucía la evolución ha sido paralela a la de España, pero más atrasada. También hemos recuperado capacidad inversora en los sectores de futuro, pero con menos intensidad que en el conjunto del estado y manteniendo aun una dependencia excesiva de la actividad inmobiliaria. Aun tendríamos que mejorar mucho para acercarnos a una composición de nuestra inversión homologable a la de los territorios más prósperos. Cataluña, por ejemplo, dedica prácticamente el doble que Andalucía a la inversión productiva y la mitad menos a la inmobiliaria. Una realidad que nos marca el camino y a la que quizá deberíamos prestar más atención que a la guerra de banderas.
La construcción es necesaria, pero en su justa medida. Si es excesiva, sólo sirve para engordar el PIB, generando pobreza a largo plazo. La barra libre para el urbanismo que propone la trilateral de la derecha, supone ponernos a los andaluces a dieta estricta de grasas y azúcar: mucha satisfacción a corto plazo y diabetes y enfermedad cardiaca para el futuro. Cuando ya todos los emplazamientos privilegiados estén construidos y privatizados, los empleados de la construcción volverán al paro y allí se encontrarán con sus hijos e hijas, condenados al subdesarrollo por una política oportunista que renunció a invertir en su futuro. Este es el proyecto económico de la derecha para Andalucía.
Que el presidente de la junta apueste en estos momentos por volver a la política temeraria de la especulación inmobiliaria en detrimento del resto de sectores de la economía solo ofrece dos interpretaciones no incompatibles. Ante todo, una confesión de su falta de confianza en nuestra tierra como territorio capaz de un desarrollo económico real. Pero también, como la constatación de su alianza con los sectores más especulativos de la economía española: los de la promoción residencial, que nos condujeron hasta la gran crisis de 2007 y que ya preparan la próxima, con el presidente de Andalucía como colaborador necesario. Ganan los de siempre, cuestión de clase.

19 de febrero de 2019

Cuatro proyectos de especulación disfrazados de desarrollo.

Varios proyectos se ciernen sobre el bien común de la provincia de Granada, al olor de los beneficios de la apropiación de espacios naturales protegidos y con expectativas alentadas por un gobierno andaluz aún más proclive que el anterior a facilitar pelotazos.

Los promotores del teleférico, la ampliación de la estación de esquí, el puerto deportivo en Playa Granada o el cierre del anillo de la circunvalación tienen un lenguaje compartido que habla de crecimiento, puestos de trabajo y desarrollo. Pero sus proyectos comparten también una realidad  oculta de destrucción del patrimonio común, enriquecimiento particular, beneficios millonarios y especulación urbanística. de la que no hablan ellos ni sus amigos políticos ni sus apoyos mediáticos.

Tuve ocasión de ser el interlocutor directo de algún representante de este tipo de iniciativas depredadoras del patrimonio común en mi breve paso por la delegación provincial de fomento.  Los proyectos que presentaban eran impecables, salvo por dos detalles. Uno, el más previsible, la necesidad de una flexibilidad excepcional respecto de la normativa ambiental que regula los espacios naturales protegidos en los que pretenden actuar. El otro, menos evidente, pero de importancia definitiva: que eran proyectos económicamente inviables en sí mismos. 

Los ejemplos más claros son los del puerto deportivo y, desde luego, el del dichoso teleférico. Ninguno de los dos tienen el potencial de generar ingresos suficientes como para recuperar la inversión necesaria, por muchos años de vida que se de a la concesión. Simplemente, no se costean. Requieren inversiones millonarias y sus costes de mantenimiento y operación absorben de largo las cuotas que puedan pagar las personas usuarias. ¿Por qué, entonces, esta insistencia? ¿Querría un empresario meterse en un negocio que es ruina segura?

Un empresario no. Un especulador sí. Porque estos proyectos no son otra cosa que la tapadera para justificar urbanizaciones de lujo en enclaves privilegiados: primera línea de playa en Motril, las faldas de Sierra Nevada en pleno Parque Natural y a pié de teleférico o las laderas del Darro con vistas a la Alhambra en el caso del cierre del anillo. De repente entonces, un metro de suelo que pasa de monte en mitad de ningún sitio a rincón urbanizado para mesita de café con vistas, multiplica su valor por mil en una semana. Ahí está el negocio. Un teleférico como servicio público que eliminara miles de coches contaminando Sierra Nevada, es un proyecto sobre el que se puede debatir. Pero no es eso de lo que estamos hablando.

No es una hipótesis ni el resultado de una teoría de la conspiración. Les estoy contando mis conversaciones con los promotores de estos proyectos, que me explicaron que la construcción residencial en estos parajes privilegiados era imprescindible para que salieran las cuentas. Evidentemente. Y tan imprescindibles. Como que son en realidad el objetivo último y primero de la iniciativa. La situación me recuerda a un cuento que me contaba mi madre sobre dos frailes adictos al tabaco. Uno de ellos, pidió al abad permiso para fumar mientras rezaba y el abad, lógicamente, se lo prohibió, mientras que el otro, más pillo, pidió permiso para rezar mientras fumaba y lo obtuvo sin problema. Y así estaban, los dos de rodillas en sus rezos, uno fumando y contento y el otro con cara de tonto.

Cara de tontos es la que creen que tenemos los granadinos, cuando intentan convencernos de las bondades de infraestructuras con urbanizaciones complementarias, que son sino pelotazos urbanísticos en espacios privilegiados. Para intentar que "cuelen" los encubren con infraestructuras inviables, pretendiendo que nos precipitemos tras ellas como el burro tras la zanahoria del desarrollo.

La importancia de proteger nuestros espacios naturales es, ante todo, de carácter ambiental. Cada metro cuadrado de destrucción de espacios naturales es un golpe a la salubridad del aire que respiramos y el agua que bebemos y cada paso atrás en pérdida de biodiversidad es un clavo en el ataúd de nuestra especie. Pero es también una cuestión de justicia social. Esos espacios que se pretenden privatizar y urbanizar son ahora espacios comunes. Terrenos y paisajes que cualquiera de nosotros puede recorrer y disfrutar. El día que los especuladores triunfen, tendrán dueño particular y los habremos perdido para siempre. Seremos un poco más pobres. Cuestión de clase.


17 de noviembre de 2018

Plan local de cronificación de zonas desfavorecidas

El señor alcalde y otras instituciones cómplices acaban de presentar un plan contra la exclusión social que no ataca ni una sola de las raíces de la exclusión, pero que va a servir para gastar millones de euros en que las administraciones hagan como que hacen frente al mayor problema social de la provincia. Esto es como el que tiene el motor del coche reventado y le cambia los parabrisas.

Una de las máximas de toda planificación de intervención social que se precie, es que ningún proceso puede llegar a buen término sin la aceptación y protagonismo de sus beneficiarios. Muy especialmente, si éstos no tienen la convicción de que el proyecto en cuestión responde a sus “necesidades sentidas”. Es decir, que haya salido de la gente y de la convicción de esa misma gente de que esas actividades que se van a desarrollar son las que van a mejorar sus vidas.

No es fácil, lo sabemos, trabajar así. Requiere mucho diálogo, mucho trabajo entre el colectivo y los técnicos de las administraciones o sus agentes privados (las asociaciones y ONGs) para que los intereses confluyan y las buenas intenciones deriven en un proyecto verdaderamente viable. Que aúne el sentir de la gente que quiere transformar su realidad y el conocimiento y saber hacer técnico de los profesionales de la intervención.

Nada de esto está ocurriendo en Zona Norte. Lo que se está haciendo es todo lo contrario. A lo largo de estos meses se nos ha reunido a unas pocas decenas de vecinos para intentar convencernos de que el Plan Local de Inclusión Social que han diseñado los técnicos municipales, junto con los de las asociaciones que han hecho de la intervención en el barrio su profesión, es lo que necesitamos.

No es así. Si hubieran preguntado a los vecinos y vecinas del barrio antes de ponerse a hacer un plan, habría salido que lo primero que necesitamos es empleo, lo segundo empleo y lo tercero empleo. Y después formación profesional de calidad para el empleo adaptada a las características de la gente del barrio. Y seguridad ciudadana, mejora de las viviendas, ordenación del espacio público, más servicios públicos, desde bibliotecas a servicios de urgencias, mejor transporte público…

Pero el plan que se nos pone encima de la mesa, según el marco diseñado por la Junta de Andalucía, lo único que incluye es la contratación de profesionales del trabajo social y la educación social. Para educarnos en la multiculturalidad y la convivencia, la intervención social comunitaria, la cohesión social… ¿En qué puesto cree la Junta de Andalucía que habríamos puesto los vecinos estas necesidades si nos llegan a preguntar?

Los problemas de convivencia y de desestructuración social que tenemos en el barrio los ha creado el paro, la pobreza y la desigualdad que padecemos ¿Qué van a hacer? ¿Educarnos para que aprendamos a convivir con esa realidad? ¿No tendría más sentido cambiarla? Solo una linea del plan habla de desarrollo económico, pero el plan solo prevé como herramientas la contratación de educadores y trabajadores sociales ¿Nos puede explicar alguien cómo va a mejorar el desarrollo económico del barrio la contratación de estos profesionales?

El problema es que, después de 50 años de malgobierno, la transformación integral del barrio requiere de inversión pública de verdad: en equipamientos, en educación, en formación laboral, en zonas verdes y transporte público… y en lucha contra un crimen organizado que se tolera con la complicidad de las administraciones para que así se quede donde menos molesta a las capas más acomodadas de votantes. Y como para acometer esa transformación integral no hay ni dinero comprometido ni ganas de comprometerlo, se hacen estos planes cosméticos, con unos fondos ridículos que sólo sirven para entretener a los pobres y no llegan ni para hacer la miseria sostenible.

No queremos con esto descalificar ni a los técnicos municipales ni a los de las asociaciones. Hacen lo que pueden con un plan diseñado desde un despacho en Sevilla, en aplicación de una directriz lanzada desde Madrid que adapta las prioridades de un programa redactado en Bruselas… unos tras otro elaborados por personas que, salvo accidente, en su vida han vivido o tan siquiera visitado el barrio.

Como estos planes se pueden vender mejor políticamente si se dice que se han hecho “con la participación de la ciudadanía” nos han reunido un par de tardes durante hora y media, han escuchado nuestras quejas, nuestra frustración por otro plan, otro, que tampoco obedece a las necesidades reales del barrio y han hecho la foto de rigor para poder meterla en el proyecto con la etiqueta “participación” debajo.

Pregunten a cualquier residente en el barrio. Lo que se reclama es un plan de verdad. Hecho desde abajo, con el compromiso previo de las distintas administraciones que defina un techo de gasto para varios años y, con ese marco, que los vecinos y vecinas seamos escuchados por los técnicos del Ayuntamiento, de la Junta y de las asociaciones para redactar poco a poco, todas juntas, el verdadero plan que responda a las necesidades de la gente del barrio, a nuestras capacidades y a nuestros deseos de mejorar la Zona Norte y las vidas de sus gentes, que son muchas. Eso no puede hacerse ni a corto plazo, ni con prisas, ni sin medios ni sin ambición política. Eso es lo que echamos en falta. Ambición de la buena para la Zona Norte, donde viven los obreros víctimas de la lucha de clases.

15 de noviembre de 2018

7 de noviembre de 2018

Cultivar marihuana, un yacimiento de empleo.

El cultivo de marihuana está legalizado de facto en Andalucía. Tampoco descubro ningún secreto ¿verdad? En todos los barrios y pueblos se sabe qué se cultiva, dónde se cultiva, qué familias son las que lo hacen y, a poco que se sea observador, en qué momento llega la cosecha y como se saca el producto camino de Europa una vez terminado el proceso de secado y cortado. Lo saben los vecinos, los alcaldes, los policías locales, los maestros y los trabajadores sociales. Lo saben, por supuesto, las tiendas que venden lámparas, sistemas de riego, termostatos, abonos y calefactores.

Lo sabemos todos, en definitiva. Y hemos decidido despenalizarlo en la práctica, por más que aparezca de vez en cuando en los telediarios alguna noticia de que se desmantela un piso o un sótano en el que se cultivaba marihuana... uno de los diez o doce que hay solo en esa misma calle y sobre los que se sigue haciendo la vista gorda.

No se me malinterprete. No estoy reclamando que se persiga el cultivo de marihuana; estoy pidiendo, como suele ser habitual, que nos dejemos de tanta hipocresía colectiva y se legalice y regule formalmente lo que ya está normalizado y consentido social y factualmente. Hace unos 15 años, en los debates sobre la nefasta ley de convivencia ciudadana del PP en la ciudad de Granada (por cierto, a ver cuando la deroga Paco Cuenca, que esto no cuesta dinero) apareció el tema del consumo en público de cannabis. Algo sobre que se pretendía sancionar con especial rigor. En un momento dado pregunté a la veintena de técnicos y cargos electos presentes que si es que había allí alguno que nunca se hubiera fumado un porro... ni uno levantó la mano. Ni uno consideró necesario ocultar que había hecho algo que pretendían sancionar. Es más: incluso es posible que hubiera quien, no habiéndolo hecho, no quiso declararlo para no pasar por "pardillo". Este es el nivel de aceptación social del consumo de marihuana en nuestra tierra.

Son miles las familias de la provincia de ex trabajadores de la construcción, que han encontrado en el cultivo una alternativa al paro y la pobreza absoluta en la que cayeron tras el reventón de la burbuja inmobiliaria. Un sector que mueve millones anualmente y que ya se encuentra incorporado en la contabilidad nacional tras la adaptación de esta al Sistema Europeo Contable 2010 para la estimación del Producto Interior Bruto. Otro signo de normalizacion.

El cultivo ha llevado tranquilidad a los barrios, garantiza un nivel de vida razonable para las familias que lo han adoptado como medio de vida y ha evitado una escalada de delincuencia que, sin duda, habría acompañado en otro caso a la pobreza generalizada. Pero no todo son ventajas. El cultivo de marihuana está salvando los barrios en el plazo corto, pero puede condenarlos en el  medio y largo. Evidentemente. La clandestinidad en la que se ve obligada por la ley a realizarse la actividad, trae aparejada una cultura de la alegalidad que muy fácilmente se desliza hacia la ilegalidad y el delito: los consumos ilegales de electricidad y los problemas aparejados de suministro; la ocupación de viviendas para montar invernaderos, la aparición de mafias para "proteger" las plantaciones y garantizar la comercialización, los choques posteriores entre estos grupos por el control de territorios, etc. Además, como todas estas familias están formalmente en paro, reciben unas ayudas sociales que no les corresponden por su nivel real de ingresos, ya que estos se generan en la economía sumergida.

Pero todos estos problemas no se deben al cultivo de marihuana, sino a su carácter ilegal. Se deben a que hemos tomado, también de forma colectiva, la peor de las decisiones: ni actuamos consecuentemente con su prohibición, erradicando una práctica formalmente ilegal, ni la legalizamos y regulamos, actuando consecuentemente con su aceptación social. No. Hemos decidido ignorarlo, hacer como que no existe y mirar para otro lado... mientras creamos un problema mucho mayor, que es de la aparición de grupos mafiosos que controlan la producción dentro de nuestras ciudades. Es exactamente la misma conducta hipócrita e irresponsable que exhibimos con la prostitución: sumergir en el oscuro mundo de la ilegalidad una actividad que no perseguimos para que allí dentro todo tipo de abusos sean posibles, en este caso sobre las mujeres -aunque la comparación no sea exacta pues en el caso de la prostitución yo defendería su erradicación real-

En California la producción de marihuana es legal desde hace años y en 2016, las ventas representaron más de 2.700 millones de dólares. El año pasado se abrió el sector a la producción industrial, permitiendo la obtención de beneficios a sociedades que se dediquen a ello. Y no pasa nada. No se ha derrumbado la sociedad, ni se ha reducido el nivel intelectual del estado, donde siguen estando los mejores clusters en nuevas tecnologías del mundo, ni ha estallado la revolución hippie. Simplemente, tienen un sector económico más y han terminado de raíz con todo elemento asocial relacionado con el cultivo.

Una legislación que permitiera el cultivo legal de marihuana en Andalucía, haría aflorar miles de puestos de trabajo (con sus correspondientes impuestos y cotizaciones sociales), ayudaría a equilibrar las cuentas públicas y eliminaría todos los problemas anteriormente apuntados y que reproducen la exclusión social en los barrios y pueblos. Además, dicha regulación debería  primar el régimen de cooperativa y limitar el volumen de producción para conservar el carácter social que actualmente tiene el cultivo. Es una cuestión de interés general. Pero es sobre todo una necesidad urgente para evitar que nuestros barrios más empobrecidos se conviertan en ghettos al margen de la ley donde el estado no llega. Barrios en los que no viven delincuentes, sino clase trabajadora que merece que se regule la única actividad económica que ofrece una salida y que, por otra parte, ya hemos aceptado como país.

¿Quién gana cuando gana la banca?

La resolución del Supremo perdona la banca el pago del impuesto por actos jurídicos documentados (las hipotecas) y la carga sobre los clientes, pese a que el propio supremo había sentenciado que correspondía pagarlo a los bancos.

La razón esgrimida es la presunta inestabilidad en el propio sistema bancario que podría acarrear el tener que hacer frente al pago de esos impuestos que injustamente (decía el supremo) se cargó sobre las familias que contrataron una hipoteca en los últimos 4 años. Esa inestabilidad pondría en riesgo, supuestamente, al sistema bancario y por tanto a la economía en su conjunto, el empleo, etc.

Es mentira. En primer lugar, los beneficios de la banca en el pasado año 2017 alcanzaron 13.700 millones de Euros y este año 2018 se prevé que se acerquen a los 16.000 millones. Frente a esa mareante magnitud, el impuesto representa unos 4.000 millones de Euros, según algunas estimaciones. Es decir, que no estamos hablando de pérdidas, sino de reducción de beneficios. Que tan sólo estamos hablando de uno de cada cuatro euros de los beneficios que la banca tiene previsto obtener este año. Seguirían ganando 12.000 millones ¿Esto pone en riesgo el sistema? Además, con voluntad política, se podría haber regulado el impacto con un plan de devoluciones escalonado en varios años, amortiguando el efecto sobre la rentabilidad para los inversores.

Se dice también que estas "pérdidas" para los accionistas, que ya hemos visto que no son tales, afectan a los españoles que somos en definitiva los dueños de los bancos a través de las acciones "que están muy distribuidas". Es mentira: la carga de ese impuesto se le está perdonando a un puñado de millonarios en su gran mayoría extranjeros. En primer lugar, en España, sólo un 10% de la población invierte en bolsa. El 10% más rico,  en su mayoría coincidente con ese 10% que según el INE tiene un patrimonio superior a los 500.000 €. En segundo lugar, la propiedad de los bancos está muy concentrada. El 62% del Santander está en manos de 865 personas. Si llevamos ese porcentaje al 70% en el caso del BBVA son sólo 6.500 personas las propietarias. 


Pero es que, para colmo, el 85% de esos propietarios en el caso del BBVA y el 95% en el caso del Santander, ni siquiera son españoles, ya que esos son los porcentajes de propiedad de esos bancos que están en manos de inversionistas extranjeros. En resumen, que las familias hipotecadas españolas le hemos pagado 4.000 millones en impuestos a los millonarios inversionistas extranjeros que son dueños de nuestros bancos, pese a que una sentencia judicial -ahora contradicha- dictaminó que debían pagarlo ellos.

Se trata tan solo del enésimo trato de favor al sector bancario en España. El mismo al que se le ha permitido desahuciar a 236.000 familias de su primera residencia en los últimos 10 años. El mismo al que se han cobrado cero impuestos de sociedades en esos mismos años por los 84.000 millones de euros que han ganado a nuestra costa.
¿Qué es lo que ha pasado? Símplemente que se han puesto en evidencia una vez más los poderes reales de esta democracia de baja intensidad. Que un poder fáctico, el capital bancario, ha demostrado estar por encima de un poder del estado, el judicial. Lo dijo hace poco Maroto: "los golpes de estado ya no se dan con tanques" Es verdad. Ahora se dan por teléfono y este ha sido un minigolpe en el que los banqueros en un par de semanas de presiones, han puesto de rodillas a nuestras débiles instituciones.

Todo un catálogo de argumentos a favor de un proceso constituyente que ponga en orden los poderes de esta devaluada democracia. Mientras tanto, tenemos una cita este fin de semana ante las sedes judiciales. No faltes a la tuya. Te están robando.


20 de mayo de 2018

Capital humano ¿no gracias?


Los trabajadores del centro de Formación para el empleo de Cartuja están en lucha por sus puestos de trabajo y en defensa de la formación para los desempleados de Granada. La irresponsabilidad de los gobernantes españoles y andaluces, en lo tocante a la formación de capital humano es escandalosa. Con toda la corrupción y despilfarro, con toda su ineficiencia y afán por promover el capitalismo de amiguetes, probablemente sea la dejadez en este terreno, la forma en que más daño nos están haciendo.


En esta Europa mercado único de 500 millones de ciudadanos-consumidores-productores en la que no existen fronteras para las empresas ni las mercancías, el factor clave para conseguir un nivel de empleo y bienestar razonable para los habitantes de un territorio, ha acabado por ser el capital humano, que no es otra cosa que las capacidades cognitivas de la población y, por tanto, sus habilidades laborales.

Siempre ha sido así, pero en este mundo que el capital ha decidido globalizar, se nota más que nunca. El nivel educativo fue una de las claves del despegue económico noreuropeo y norteamericano y del atraso de los países mediterráneos; el nivel educativo explicó (junto con el plan Marshall) la milagrosa recuperación de la Europa de posguerra en 5 años comparada con la española que llevó 20 -ese es el fracaso brutal del pretendido milagro económico del franquismo- El capital humano es, en definitiva, la apuesta estratégica que ha hecho que Corea o China hayan duplicado sus economías cada siete o diez años durante las últimas décadas.

Las empresas pueden desplazarse allá donde encuentren mano de obra más barata o cualificada además de impuestos más bajos. Los modelos posibles son dos: Un esquema incluye salarios bajos con empleos precarios de poca cualificación e impuestos también bajos que garantizan un bienestar escaso para la población y, por tanto, imposibilitan salir del pozo del bajo capital humano. El otro, salarios altos con manos de obra cualificada y estable y unos impuestos acordes con un nivel de bienestar aceptable. Las empresas de alto valor añadido, de tecnologías punteras, no tienen problema en aceptar el segundo esquema, porque es el único en el que pueden desenvolver su actividad.

Lo que tenemos que preguntarnos es qué modelo es el que estamos siguiendo en España y en Andalucía en concreto. No hace falta ser adivino para adelantar el resultado de mi reflexión: hemos apostado colectiva y políticamente por el subdesarrollo. Estamos a la cola de Europa y cada vez lo estaremos más porque nuestros gobernantes han decidido que seamos un país de trabajadores pobres y baratos. Lo intuimos, pero déjenme darles algunos datos para acabar con el caso concreto de Granada:

Empezando por lo más alto en generación de capital humano, la apuesta española por la investigación, es de las más bajas de Europa, superando tan sólo a Irlanda y Grecia, tras la hecatombe económica que ha sufrido, así como a los países en transición de las antiguas economías del Este. Muchos países europeos decidieron que los recortes no podían tocar su apuesta por el futuro, pero no fue así en España. Según refleja Eurostat, nuestra inversión en I+D entre 2009 y 2016 bajó el 9,1% mientras en Europa ha crecido una media del 27,4%, con casos como el de Alemania y Reino Unido, donde el crecimiento ha sido del 40%. Más aun, según denunciaba recientemente la Confederación de Sociedades Científicas de España en su Informe de Urgencia sobrelos PGE2018 la mayoría de los fondos para I+D en España son ilusorios, pues consisten en préstamos en condiciones leoninas que ninguna entidad pública o privada solicita lo que llevó a que el año pasado, el 70% del presupuesto para Investigación y Desarrollo se quedara sin ejecutar. No se gastó, con lo que las cifras reales de I+D en España son mucho menores que las que presentan los sucesivos gobiernos. Estamos los últimos y cada vez nos quedamos más atrás.

La inversión en educación en España es de las más bajas de Europa, dedicándole tan solo un 4% del producto interior bruto frente al 4,7% de media europea (en la que muchos países superan el 5%) en una posición intermedia entre Eslovaquia y Bulgaria (para que nos situemos) Además, ha sido una de las primeras vícitmas de los recortes iniciados por Zapatero en 2010 e incrementados por Rajoy posteriormente, pues se ha ido recortando en estos años en medio punto porcentual de PIB, que son la friolera de 4.800 millones de euros menos al año dedicados a educación entre 2009 y la actualidad. De nuevo ponemos las condiciones para quedarnos cada vez más atrás.

Nuestra Universidad es demasiado teórica y generalista, alejada de las necesidades del tejido productivo, con unos costes crecientes en los posgrados que hace años empezaron a expulsar de los altos niveles formativos a los hijos de las familias menos acomodadas y, para colmo, padece una vergonzosa endogamia clientelista que mantiene en el régimen feudal su sistema de selección de personal. Nada demasiado deseable para la elevación del nivel académico y que hace que convivan excelentes profesores e investigadores con otro personal adocenado que nada aporta a la investigación o a la formación de los estudiantes, que salen con verdaderas lagunas de algunos grados sin que el sistema tenga vías de intervención o las que tiene no se pongan en uso. Supongo al PP que concibe la Universidad, a lo que parece, como un sitio en que amañar títulos para sus cargos, todo esto le importa poco.

La situación de la formación profesional es lamentable. Le dediqué una entrada hace algunos meses pero, básicamente, seguimos tratando a la Formación Profesional como la hermana pobre del sistema educativo, cuando todos los indicadores muestran que es clave para la cualificación de la mano de obra especializada que necesitan tanto la industria como los servicios. La estructura educativa española está polarizada, con un 36% de la población que se queda en la secundaria obligatoria, con una muy baja capacitación laboral, y otro 40% que accede a la educación universitaria, mientras la formación técnica profesional se encuentra despoblada. El porcentaje de alumnos de Formación Profesional es de un ridículo 12% en España frente al 29% de media de la UE. La oferta es escasa e hizo que el año pasado 30.000 jóvenes andaluces (5.700 granadinos) se quedaran sin plaza en la especialidad de FP que querían cursar.

Finalmente, la formación para el empleo de la Junta de Andalucía, los famosos centros de FPO, se encuentran paralizados. Su misión es la de ofrecer capacitación y reciclaje profesional. Muy especialmente a los desempleados jóvenes, parados de larga duración y también mujeres que en su momento abandonaron la formación o que desean incorporarse al tejido productivo. Estos centros forman parte de las políticas activas de empleo, que son uno de los mayores déficits del sistema español de capital humano y que, en el estado en que se encuentran, no sirven más que para hundir más en la precariedad y el desempleo a la clase trabajadora.

Las políticas activas de empleo son otra de esas cuestiones en las que duele la comparación con Europa. Según los datos tomados de la tesis de MªJesús González Blanch sobre las políticas activas de empleo europeas durante la crisis, España es de los estados de la UE que más porcentaje de PIB dedica a la protección al desempleo, por el porcentaje tan elevado de parados. Pero, paradójicamente, es de los que menos esfuerzo dedica a revertir esa situación ofreciendo formación a esos desempleados a los que pagamos ayudas. En España, solo uno de cada 7 euros dedicados a políticas de empleo se dedican a formación para los parados. Los otros seis son para transferencias. Un desequilibrio que no encuentra comparación en Europa. Que entre 2008 y 2012 el desempleo creciera 12 puntos y en ese mismo periodo las políticas de formación para reciclar a las personas desempleadas (por ejemplo las masas provenientes del sector de la construcción) no solo siguieran siendo ridículas, sino que se recortaran, es de una irresponsabilidad criminal por parte de nuestros gobernantes.
En este contexto tenemos que enmarcar los recortes de la Junta de Andalucía en materia de formación para los desempleados y el hecho de que el centro de FPO de Cartuja, que es para toda la provincia de Granada, esté cerrado a efectos prácticos desde hace años. Un centro dotado de talleres de carpintería, soldadura, electrónica, etc., hasta alcanzar medio centenar de especialidades. Un centro donde se han reciclado personas que gracias a la formación recibida, han conseguido puestos de trabajo estables y que, además, está ubicado en una de las zonas con más paro de la provincia: el distrito Norte de la capital. En la planificación de la Junta de Andalucía, se previeron 37 cursos para 2017 y otros 37 para 2018 pero el año pasado se dieron tan solo 10 y este año 2. Mientras, los propios profesores, que tuvieron que demandar a la Junta porque los tenía precarizados como falsos autónomos, están en paro; los parados del barrio -y de toda Granada- demandando formación; algunos empresarios de Granada diciendo que les falta mano de obra cualificada precisamente en las especialidades que forma ese centro y los cursos sin convocarse con los talleres cogiendo polvo. Y todo con los cursos hasta presupuestados y con el dinero consignado para convocarlos. Dan ganas de llorar de rabia, pero no vamos a llorar. Los trabajadores se han puesto en lucha, y muchos vecinos del barrio les apoyamos y llegaremos hasta donde haga falta.

Hablaba al principio de la dejadez en esta materia. Pero mucho me temo que haya más que eso. En lo particular del centro de FPO de Granada, solo cabe sospechar, ante lo inexplicable, que se trata de una venganza contra los trabajadores, que se atrevieron a demandar en defensa de sus derechos. Una venganza mafiosa que toma de paso como rehenes a todos los parados de Granada. Bonita forma de entender el socialismo por los gobernantes de la Junta. Pablo Iglesias (el original) vomitaría. Pero es que, además, todo esta carencia en la formación de capital humano con dinero público, deja un inmenso agujero que la iniciativa privada está más que dispuesta a llenar, convirtiendo en negocio la formación de los trabajadores. Ahí si que llegarán luego, no me cabe duda, los fondos públicos en forma de subvenciones, conciertos, ayudas o deducciones, para complementar lo que los trabajadores y parados tengan que quitarse de sus menguadas rentas para poder acceder a formarse.

La formación será escasa y costosa, exigirá sacrificios, pero por medio, algunos empresarios privados, unos mejor colocados que otros ante los repartidores de fondos públicos, irán haciendo su agosto. Sobre nuestras espaldas y a costa del subdesarrollo de España. Cuestión de clase.