3 de octubre de 2019

La Alhambra Resort



Miles de niños y niñas de Andalucía tendrán más complicado a partir de hoy conocer La Alhambra. Así o ha decidido el flamante nuevo gobierno andaluz y la directora del patronato, cargo de confianza del Partido Popular.

Los conservadores han decidido desde Sevilla que las visitas organizadas de colegios o institutos ya no podrán hacerse en abril, mayo o junio. Tampoco en septiembre. Además, tendrán que ser obligatoriamente en día lectivo. Nada de fin de semana. Imagino que los directores de los centros de Huelva o Cádiz estarán encantados con la perspectiva de un viaje de ida y vuelta en autocar en el mismo día. Eso o perder otro día de clase... o cambiar de planes y dejar a los niños sin conocer La alhambra.
Al final, lo veremos pronto, bajará el número de alumnos de centros escolarea andaluces que visitan La Alhambra al cabo del año. No es que sean muchos: 55.568 el año pasado frente a un aforo total del monumento de más de 2,7 millones de visitantes. Apenas un 2%, Pero si desciende el número de visitas escolares en unos miles, serán otros tantos turistas de pago los que entren en su lugar. Objetivo cumplido: más caja para el patronato y más movimiento turístico en la capital. Todo bien ¿No?

No. Todo mal. Porque La Alhambra no es un parque temático ni un mero gancho turístico, aunque cumpla esa función. Es, sobre todo, un complejo declarado patrimonio de la humanidad cuyo conocimiento histórico y académico es fundamental para los escolares andaluces. No en vano la UNESCO, al definir los espacios de patrimonio cultural de la humanidad establece que deben, entre otras cosas: "representar una obra maestra del genio creativo humano, testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico y aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida." Todo esto y mucho más es la Alhambra y conocerlo de primera mano es un derecho de nuestros niños y niñas, además de un objetivo de interés social, si queremos que después comprendan y valoren el patrimonio.

Dar prioridad a un uno por ciento más de guiris sacrificando el acceso de algunos miles de niños andaluces es una barbaridad tan sólo propia de la más descarnada lógica liberal. Porque de eso se trata. De vetar la presencia de grupos escolares los fines de semana y los meses de abril a septiembre, es decir, los de temporada alta, cuando más demanda y negocio ofrece el monumento. Pura lógica mercantilista que ignora por completo el interés de los alumnos y alumnas.

Para colmo, este criterio vulnera también el IV pacto andaluz por el turismo, que establece entre sus objetivos corregir la estacionalidad turística en Andalucía, evitando que se concentre el turismo en los periodos en los que los destinos están ya saturados. Pues bien, esta política busca justamente lo contrario: sacar las visitas escolares de los periodos de temporada alta, en los que tenemos Granada saturada de turistas... para que quepan más turistas todavía. ¡Genial!

Dicen los conservadores que esto se hace por el bien de los alumnos, para evitar la temporada de exámenes. No obstante, para decirlo todo, aun queda un recurso para que los escolares puedan visitar La Alhambra en temporada alta o fin de semana: hacer una visita escolar guiada de pago. Ahí ya, si es pagando, no importa ni la temporada ni los exámenes. Los niños de los papás que paguen (porque puedan permitírselo) pueden venir cuando quieran ¿Comprenden? ¿O se lo explico?

23 de septiembre de 2019

La OCDE... esos rojos peligrosos


La noticia económica de la semana ha sido la alarma lanzada por la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, de que nos dirigimos hacia una nueva recesión de carácter global. Un escenario previsible pero que se puede evitar si los gobiernos actúan con rapidez y ambición.
La primera aludida es Alemania, que ya coquetea con la recesión y que con eficacia germana ya ha anunciado un plan de gasto público extremadamente ambicioso. Nada menos que 40.000 millones de Euros de inversión pública dirigida, además, a poner en marcha la transición ecológica con medidas en transporte, energía, vivienda y modernización de agricultura y ganadería.
La OCDE rebaja el crecimiento mundial al nivel “más débil” desde la crisis financiera



Lo esperable en la OCDE son sus recomendaciones habituales de desregulación, privatización y abaratamiento del despido. La novedad está en la insistencia casi suplicante con la que la señora Boone ha reclamado a todos los gobiernos de los países industrializados que eleven su inversión y gasto público con una política fiscal expansiva que reactive la economía y así frenar el ciclo recesivo: Keynes en estado puro. Muy desesperados tienen que estar.


¿Les parece razonable? A mi mucho. Y además me suena, porque es justamente el eje central del programa con que Izquierda Unida, dentro de Unidas Podemos, concurrió a las pasadas elecciones de abril y concurriremos a estas: cambio del modelo productivo hacia una economía verde, apoyado en una reforma de los impuestos que permita al estado obtener los ingresos para financiar esa transición.

Porque no nos engañemos. En una Europa endeudada hasta la barbilla (España más bien hasta las cejas) la única forma responsable de pagar esas inversiones masivas que pide la OCDE para evitar la crisis será subir los impuestos a los más ricos. Los que se han llenado los bolsillos la década de la crisis, entre otras cosas, con la deuda pública.

Lo que me llama la atención del asunto es que tengan que venir la OCDE y Merkel a abanderar las tímidas políticas keynesianas que en España solo defiende Unidas Podemos y que son justo las que se ha negado a aceptar Pedro Sánchez, al frente de un partido que se llama socialista, para formar un pacto de gobierno. Que anden los barones del PSOE más cerca de pactar con Ciudadanos o el PP y sus recetas de iluminados ultraliberales, capaces de llevar a España al abismo de una recesión para la que ya no quedan balones de oxígeno. Estos siguen soñando con bajar impuestos, abaratar el despido, despedazar servicios públicos y dar la espalda a la emergencia climática. Y todo el que les lleve la contraria es un rojo peligroso (supongo que Merkel y la OCDE también)

Me recuerda la situación a lo que un día decía Julio Anguita a propósito de la derechización en nuestro país, que muy mal tenía que estar España para que defender la constitución y reclamar su cumplimiento en materia de democracia, derechos fundamentales o derechos económicos, tal y como lo hacía Izquierda Unida, resultara revolucionario. Muy, pero que muy mal tiene que estar la situación política en España para que reclamar la sensatez económica más elemental sea tachado de radicalismo izquierdista.

Ya saben ustedes... el 10N a votar. Esta vez el corazón y la cartera caen del mismo lado: la izquierda sin complejos.

23 de mayo de 2019

El Túnel Estafa del PP

Granada ya está acostumbrada a los proyectos fantasma de Sebastián Pérez. Cuando era presidente de la Diputación ocupó la portada de IDEAL anunciando que una nueva compañía aérea iba a conectar con varios vuelos semanales Granada con Roma, Berlín, París y Edimburgo... en menos de un mes la compañía había quebrado. Todo era mentira, como la escuela internacional de turismo, que iba a revolucionar el sector y se quedó en mudar de edificio el lugar donde se hacían los cursillos para el turismo rural y que ya no existe.

Sebastián Pérez y Pepe Torres presentando la aerolínea estrellada antes de despegar

El PP promete un túnel de 4 Km y pico que atravesará Granada de Norte a Sur. Aparte de una burrada ambiental, este proyecto es inviable. Ni siquiera el PP cree en él ni tiene intención de llevarlo a cabo. Es un pufo electoral.

El coste de un túnel como el que se está hablando, con 4 Km de longitud y dos niveles de tráfico rodado oscila entre los 100 y los 200 Millones de Euros el kilómetro, pudiendo dispararse el coste hasta los 250 Millones el kilómetro que se gastó el PP en Madrid en los tramos de la calle 30 soterrada, que es lo mismo que quieren hacernos aquí.

Entre 500 y 1.000 millones es lo que cuesta la broma de Sebas con el túnel. Dice que se va a pagar con la concesión de un parking de 1.000 turismos y 250 autobuses. Mentira.

GASTOS:
  • Supongamos que se financia al 3% anual (que ya es barato) y durante 50 años (mejores condiciones que el metro se financia al 4% durante 30 años) Eso supone una "letra" de 19,2 millones de euros anuales para pagar la obra.
  • Más 2 millones anuales en mantenimiento (el túnel de Somport también de 4 carriles y con 8,6 Km. de longitud cuesta 4 millones anuales)
  • Más el personal para atender y vigilar el macroparking (mínimo 2 turnos de 24h): 300.000 €.
  • Total: unos 21,5 M.€. anuales.
  • Más 21% de IVA: 26 M.€. anuales
  • Más 5% beneficio industrial 27.3 M.€. anuales.
  • 27,3 M.€. al año entre 365 días son 74.794 €. diarios de coste.
INGRESOS:
  • Supongamos que las plazas se ocupan al 100% los 365 días del año.
  • Contamos las 250 plazas de bus como 2 de turismo (igual que en el parking de la Alhambra)
  • Serían como 1.500 plazas de turismo a la hora de aportar ingresos.
  • 74.794 €. entre 1.500 plazas son 49,86 € por plaza
CONCLUSIÓN:

Suponiendo el coste más barato previsible para la obra, suponiendo unas condiciones de financiación inmejorables y suponiendo un 100% de ocupación de ese parking, 365 días al año, 24 horas al día... hacen falta sacar 50€ al día por plaza de aparcamiento ¿Conocen algún parking con esa rentabilidad en toda España? No lo hay. No existe.

POR TANTO:
  1. O el proyecto es inviable y no se hará jamás y es otra fantasmada de Sebastián Pérez porque ningún empresario particular se va a meter a arruinarse.
  2. O se hace porque se ponen garantías desde lo público, como hicieron con las autopistas radiales de Madrid, que nunca funcionaron como concesión y que hemos tenido que acabar pagando todos los españoles con nuestros impuestos para garantizar el negocio de los constructores. Es decir, que el proyecto es una amenaza de cargar al Ayuntamiento con una deuda extra que podría acercarse a 500 Millones de Euros.
EN RESUMEN: O Sebastián Pérez y el PP nos mienten o pretenden arruinar la ciudad.

Ahora vas, y los votas.

5 de abril de 2019

Barra libre al ladrillo: dieta basura

La derecha extrema que gobierna Andalucía ha anunciado que piensa hacer lo único que sabe: alimentar burbujas especulativas para dar una falsa sensación de bonanza económica. Eso es lo que significa el silencio administrativo positivo que anuncia Moreno Bonilla para los planes urbanísticos municipales: alimentar un nuevo boom inmobiliario en Andalucía sin valorar ni la necesidad social, ni las consecuencias negativas para el territorio y los servicios públicos, ni el efecto negativo para el conjunto de la economía.
Es mentira que Andalucía necesite más vivienda. Según los últimos datos disponibles, España bate el récord de vivienda desocupada en Europa, con tres millones y medio de viviendas vacías (lo mismo que Italia y Alemania juntas, sumando estas casi el triple de población). Y dentro de España, destaca Andalucía y, sobre todo, Granada, con un 17% de viviendas vacías en el conjunto de la provincia (unas 12.000), siendo la séptima provincia de España con mayor porcentaje de viviendas vacantes.
Que tenemos un problema de vivienda es evidente, dada la escalada de precios de alquiler y las listas de demandantes de vivienda. Pero esto no significa que se necesite más construcción, sino tornar accesible lo ya construido que, en la actualidad daría abasto para un crecimiento de población de la provincia de más de 25.000 personas (más de lo que se espera para los próximos 30 años según las proyecciones demográficas de Andalucía).
Eso sí, siempre habrá interesados en comprar casa en primera línea de playa, con vistas a la sierra, en el límite de un parque natural o junto a la ribera de un río. A precios prohibitivos para el granadino medio. Negocio redondo para el promotor y generación para el futuro de un gasto en equipamientos, transporte o redes de saneamiento que pagaremos entre todos, incluidos quienes no pueden pagar esas viviendas. Ningún gobierno responsable aprobaría un desarrollo urbanístico así... de ahí la utilidad del silencio positivo.
Sobran casas, lo que nos falta a los granadinos es dinero para comprarlas porque nuestra economía genera poco empleo, precario y mal pagado. Cabe preguntarse ¿Se arregla esto reavivando el boom del ladrillo? Y la respuesta es, categóricamente no. No solo no se arregla, sino que se agravará el problema.
La economía española en el siglo XXI se ha caracterizado por una dependencia morbosa del sector inmobiliario, que nos llevó hasta la cota absurda del año 2007, en el que el casi el 70% de toda la formación bruta de capital fijo en España se dedicaba a la construcción. Esto es malo, porque los ladrillos ni se comen ni producen nada que se coma. Pero, además, porque deja muy poca inversión disponible para los sectores que puedan generar riqueza a futuro (industria, producción intelectual, investigación, etc.) Ese mismo año 2007, la formación de capital en productos de propiedad intelectual sólo llegó a un 7% y la industrial al 24%. Si algo bueno ha tenido la crisis, ha sido acercarnos más a la composición europea de nuestra inversión. Actualmente, la construcción ha descendido a un 49%, liberándose capacidad inversora para la industria (35%) y productos de la propiedad intelectual (15%). Ahora nuestra "dieta" es más sana, más intensa en inversión productiva que genera empleo para el futuro.
En Andalucía la evolución ha sido paralela a la de España, pero más atrasada. También hemos recuperado capacidad inversora en los sectores de futuro, pero con menos intensidad que en el conjunto del estado y manteniendo aun una dependencia excesiva de la actividad inmobiliaria. Aun tendríamos que mejorar mucho para acercarnos a una composición de nuestra inversión homologable a la de los territorios más prósperos. Cataluña, por ejemplo, dedica prácticamente el doble que Andalucía a la inversión productiva y la mitad menos a la inmobiliaria. Una realidad que nos marca el camino y a la que quizá deberíamos prestar más atención que a la guerra de banderas.
La construcción es necesaria, pero en su justa medida. Si es excesiva, sólo sirve para engordar el PIB, generando pobreza a largo plazo. La barra libre para el urbanismo que propone la trilateral de la derecha, supone ponernos a los andaluces a dieta estricta de grasas y azúcar: mucha satisfacción a corto plazo y diabetes y enfermedad cardiaca para el futuro. Cuando ya todos los emplazamientos privilegiados estén construidos y privatizados, los empleados de la construcción volverán al paro y allí se encontrarán con sus hijos e hijas, condenados al subdesarrollo por una política oportunista que renunció a invertir en su futuro. Este es el proyecto económico de la derecha para Andalucía.
Que el presidente de la junta apueste en estos momentos por volver a la política temeraria de la especulación inmobiliaria en detrimento del resto de sectores de la economía solo ofrece dos interpretaciones no incompatibles. Ante todo, una confesión de su falta de confianza en nuestra tierra como territorio capaz de un desarrollo económico real. Pero también, como la constatación de su alianza con los sectores más especulativos de la economía española: los de la promoción residencial, que nos condujeron hasta la gran crisis de 2007 y que ya preparan la próxima, con el presidente de Andalucía como colaborador necesario. Ganan los de siempre, cuestión de clase.

19 de febrero de 2019

Cuatro proyectos de especulación disfrazados de desarrollo.

Varios proyectos se ciernen sobre el bien común de la provincia de Granada, al olor de los beneficios de la apropiación de espacios naturales protegidos y con expectativas alentadas por un gobierno andaluz aún más proclive que el anterior a facilitar pelotazos.

Los promotores del teleférico, la ampliación de la estación de esquí, el puerto deportivo en Playa Granada o el cierre del anillo de la circunvalación tienen un lenguaje compartido que habla de crecimiento, puestos de trabajo y desarrollo. Pero sus proyectos comparten también una realidad  oculta de destrucción del patrimonio común, enriquecimiento particular, beneficios millonarios y especulación urbanística. de la que no hablan ellos ni sus amigos políticos ni sus apoyos mediáticos.

Tuve ocasión de ser el interlocutor directo de algún representante de este tipo de iniciativas depredadoras del patrimonio común en mi breve paso por la delegación provincial de fomento.  Los proyectos que presentaban eran impecables, salvo por dos detalles. Uno, el más previsible, la necesidad de una flexibilidad excepcional respecto de la normativa ambiental que regula los espacios naturales protegidos en los que pretenden actuar. El otro, menos evidente, pero de importancia definitiva: que eran proyectos económicamente inviables en sí mismos. 

Los ejemplos más claros son los del puerto deportivo y, desde luego, el del dichoso teleférico. Ninguno de los dos tienen el potencial de generar ingresos suficientes como para recuperar la inversión necesaria, por muchos años de vida que se de a la concesión. Simplemente, no se costean. Requieren inversiones millonarias y sus costes de mantenimiento y operación absorben de largo las cuotas que puedan pagar las personas usuarias. ¿Por qué, entonces, esta insistencia? ¿Querría un empresario meterse en un negocio que es ruina segura?

Un empresario no. Un especulador sí. Porque estos proyectos no son otra cosa que la tapadera para justificar urbanizaciones de lujo en enclaves privilegiados: primera línea de playa en Motril, las faldas de Sierra Nevada en pleno Parque Natural y a pié de teleférico o las laderas del Darro con vistas a la Alhambra en el caso del cierre del anillo. De repente entonces, un metro de suelo que pasa de monte en mitad de ningún sitio a rincón urbanizado para mesita de café con vistas, multiplica su valor por mil en una semana. Ahí está el negocio. Un teleférico como servicio público que eliminara miles de coches contaminando Sierra Nevada, es un proyecto sobre el que se puede debatir. Pero no es eso de lo que estamos hablando.

No es una hipótesis ni el resultado de una teoría de la conspiración. Les estoy contando mis conversaciones con los promotores de estos proyectos, que me explicaron que la construcción residencial en estos parajes privilegiados era imprescindible para que salieran las cuentas. Evidentemente. Y tan imprescindibles. Como que son en realidad el objetivo último y primero de la iniciativa. La situación me recuerda a un cuento que me contaba mi madre sobre dos frailes adictos al tabaco. Uno de ellos, pidió al abad permiso para fumar mientras rezaba y el abad, lógicamente, se lo prohibió, mientras que el otro, más pillo, pidió permiso para rezar mientras fumaba y lo obtuvo sin problema. Y así estaban, los dos de rodillas en sus rezos, uno fumando y contento y el otro con cara de tonto.

Cara de tontos es la que creen que tenemos los granadinos, cuando intentan convencernos de las bondades de infraestructuras con urbanizaciones complementarias, que son sino pelotazos urbanísticos en espacios privilegiados. Para intentar que "cuelen" los encubren con infraestructuras inviables, pretendiendo que nos precipitemos tras ellas como el burro tras la zanahoria del desarrollo.

La importancia de proteger nuestros espacios naturales es, ante todo, de carácter ambiental. Cada metro cuadrado de destrucción de espacios naturales es un golpe a la salubridad del aire que respiramos y el agua que bebemos y cada paso atrás en pérdida de biodiversidad es un clavo en el ataúd de nuestra especie. Pero es también una cuestión de justicia social. Esos espacios que se pretenden privatizar y urbanizar son ahora espacios comunes. Terrenos y paisajes que cualquiera de nosotros puede recorrer y disfrutar. El día que los especuladores triunfen, tendrán dueño particular y los habremos perdido para siempre. Seremos un poco más pobres. Cuestión de clase.


17 de noviembre de 2018

Plan local de cronificación de zonas desfavorecidas

El señor alcalde y otras instituciones cómplices acaban de presentar un plan contra la exclusión social que no ataca ni una sola de las raíces de la exclusión, pero que va a servir para gastar millones de euros en que las administraciones hagan como que hacen frente al mayor problema social de la provincia. Esto es como el que tiene el motor del coche reventado y le cambia los parabrisas.

Una de las máximas de toda planificación de intervención social que se precie, es que ningún proceso puede llegar a buen término sin la aceptación y protagonismo de sus beneficiarios. Muy especialmente, si éstos no tienen la convicción de que el proyecto en cuestión responde a sus “necesidades sentidas”. Es decir, que haya salido de la gente y de la convicción de esa misma gente de que esas actividades que se van a desarrollar son las que van a mejorar sus vidas.

No es fácil, lo sabemos, trabajar así. Requiere mucho diálogo, mucho trabajo entre el colectivo y los técnicos de las administraciones o sus agentes privados (las asociaciones y ONGs) para que los intereses confluyan y las buenas intenciones deriven en un proyecto verdaderamente viable. Que aúne el sentir de la gente que quiere transformar su realidad y el conocimiento y saber hacer técnico de los profesionales de la intervención.

Nada de esto está ocurriendo en Zona Norte. Lo que se está haciendo es todo lo contrario. A lo largo de estos meses se nos ha reunido a unas pocas decenas de vecinos para intentar convencernos de que el Plan Local de Inclusión Social que han diseñado los técnicos municipales, junto con los de las asociaciones que han hecho de la intervención en el barrio su profesión, es lo que necesitamos.

No es así. Si hubieran preguntado a los vecinos y vecinas del barrio antes de ponerse a hacer un plan, habría salido que lo primero que necesitamos es empleo, lo segundo empleo y lo tercero empleo. Y después formación profesional de calidad para el empleo adaptada a las características de la gente del barrio. Y seguridad ciudadana, mejora de las viviendas, ordenación del espacio público, más servicios públicos, desde bibliotecas a servicios de urgencias, mejor transporte público…

Pero el plan que se nos pone encima de la mesa, según el marco diseñado por la Junta de Andalucía, lo único que incluye es la contratación de profesionales del trabajo social y la educación social. Para educarnos en la multiculturalidad y la convivencia, la intervención social comunitaria, la cohesión social… ¿En qué puesto cree la Junta de Andalucía que habríamos puesto los vecinos estas necesidades si nos llegan a preguntar?

Los problemas de convivencia y de desestructuración social que tenemos en el barrio los ha creado el paro, la pobreza y la desigualdad que padecemos ¿Qué van a hacer? ¿Educarnos para que aprendamos a convivir con esa realidad? ¿No tendría más sentido cambiarla? Solo una linea del plan habla de desarrollo económico, pero el plan solo prevé como herramientas la contratación de educadores y trabajadores sociales ¿Nos puede explicar alguien cómo va a mejorar el desarrollo económico del barrio la contratación de estos profesionales?

El problema es que, después de 50 años de malgobierno, la transformación integral del barrio requiere de inversión pública de verdad: en equipamientos, en educación, en formación laboral, en zonas verdes y transporte público… y en lucha contra un crimen organizado que se tolera con la complicidad de las administraciones para que así se quede donde menos molesta a las capas más acomodadas de votantes. Y como para acometer esa transformación integral no hay ni dinero comprometido ni ganas de comprometerlo, se hacen estos planes cosméticos, con unos fondos ridículos que sólo sirven para entretener a los pobres y no llegan ni para hacer la miseria sostenible.

No queremos con esto descalificar ni a los técnicos municipales ni a los de las asociaciones. Hacen lo que pueden con un plan diseñado desde un despacho en Sevilla, en aplicación de una directriz lanzada desde Madrid que adapta las prioridades de un programa redactado en Bruselas… unos tras otro elaborados por personas que, salvo accidente, en su vida han vivido o tan siquiera visitado el barrio.

Como estos planes se pueden vender mejor políticamente si se dice que se han hecho “con la participación de la ciudadanía” nos han reunido un par de tardes durante hora y media, han escuchado nuestras quejas, nuestra frustración por otro plan, otro, que tampoco obedece a las necesidades reales del barrio y han hecho la foto de rigor para poder meterla en el proyecto con la etiqueta “participación” debajo.

Pregunten a cualquier residente en el barrio. Lo que se reclama es un plan de verdad. Hecho desde abajo, con el compromiso previo de las distintas administraciones que defina un techo de gasto para varios años y, con ese marco, que los vecinos y vecinas seamos escuchados por los técnicos del Ayuntamiento, de la Junta y de las asociaciones para redactar poco a poco, todas juntas, el verdadero plan que responda a las necesidades de la gente del barrio, a nuestras capacidades y a nuestros deseos de mejorar la Zona Norte y las vidas de sus gentes, que son muchas. Eso no puede hacerse ni a corto plazo, ni con prisas, ni sin medios ni sin ambición política. Eso es lo que echamos en falta. Ambición de la buena para la Zona Norte, donde viven los obreros víctimas de la lucha de clases.

15 de noviembre de 2018

7 de noviembre de 2018

Cultivar marihuana, un yacimiento de empleo.

El cultivo de marihuana está legalizado de facto en Andalucía. Tampoco descubro ningún secreto ¿verdad? En todos los barrios y pueblos se sabe qué se cultiva, dónde se cultiva, qué familias son las que lo hacen y, a poco que se sea observador, en qué momento llega la cosecha y como se saca el producto camino de Europa una vez terminado el proceso de secado y cortado. Lo saben los vecinos, los alcaldes, los policías locales, los maestros y los trabajadores sociales. Lo saben, por supuesto, las tiendas que venden lámparas, sistemas de riego, termostatos, abonos y calefactores.

Lo sabemos todos, en definitiva. Y hemos decidido despenalizarlo en la práctica, por más que aparezca de vez en cuando en los telediarios alguna noticia de que se desmantela un piso o un sótano en el que se cultivaba marihuana... uno de los diez o doce que hay solo en esa misma calle y sobre los que se sigue haciendo la vista gorda.

No se me malinterprete. No estoy reclamando que se persiga el cultivo de marihuana; estoy pidiendo, como suele ser habitual, que nos dejemos de tanta hipocresía colectiva y se legalice y regule formalmente lo que ya está normalizado y consentido social y factualmente. Hace unos 15 años, en los debates sobre la nefasta ley de convivencia ciudadana del PP en la ciudad de Granada (por cierto, a ver cuando la deroga Paco Cuenca, que esto no cuesta dinero) apareció el tema del consumo en público de cannabis. Algo sobre que se pretendía sancionar con especial rigor. En un momento dado pregunté a la veintena de técnicos y cargos electos presentes que si es que había allí alguno que nunca se hubiera fumado un porro... ni uno levantó la mano. Ni uno consideró necesario ocultar que había hecho algo que pretendían sancionar. Es más: incluso es posible que hubiera quien, no habiéndolo hecho, no quiso declararlo para no pasar por "pardillo". Este es el nivel de aceptación social del consumo de marihuana en nuestra tierra.

Son miles las familias de la provincia de ex trabajadores de la construcción, que han encontrado en el cultivo una alternativa al paro y la pobreza absoluta en la que cayeron tras el reventón de la burbuja inmobiliaria. Un sector que mueve millones anualmente y que ya se encuentra incorporado en la contabilidad nacional tras la adaptación de esta al Sistema Europeo Contable 2010 para la estimación del Producto Interior Bruto. Otro signo de normalizacion.

El cultivo ha llevado tranquilidad a los barrios, garantiza un nivel de vida razonable para las familias que lo han adoptado como medio de vida y ha evitado una escalada de delincuencia que, sin duda, habría acompañado en otro caso a la pobreza generalizada. Pero no todo son ventajas. El cultivo de marihuana está salvando los barrios en el plazo corto, pero puede condenarlos en el  medio y largo. Evidentemente. La clandestinidad en la que se ve obligada por la ley a realizarse la actividad, trae aparejada una cultura de la alegalidad que muy fácilmente se desliza hacia la ilegalidad y el delito: los consumos ilegales de electricidad y los problemas aparejados de suministro; la ocupación de viviendas para montar invernaderos, la aparición de mafias para "proteger" las plantaciones y garantizar la comercialización, los choques posteriores entre estos grupos por el control de territorios, etc. Además, como todas estas familias están formalmente en paro, reciben unas ayudas sociales que no les corresponden por su nivel real de ingresos, ya que estos se generan en la economía sumergida.

Pero todos estos problemas no se deben al cultivo de marihuana, sino a su carácter ilegal. Se deben a que hemos tomado, también de forma colectiva, la peor de las decisiones: ni actuamos consecuentemente con su prohibición, erradicando una práctica formalmente ilegal, ni la legalizamos y regulamos, actuando consecuentemente con su aceptación social. No. Hemos decidido ignorarlo, hacer como que no existe y mirar para otro lado... mientras creamos un problema mucho mayor, que es de la aparición de grupos mafiosos que controlan la producción dentro de nuestras ciudades. Es exactamente la misma conducta hipócrita e irresponsable que exhibimos con la prostitución: sumergir en el oscuro mundo de la ilegalidad una actividad que no perseguimos para que allí dentro todo tipo de abusos sean posibles, en este caso sobre las mujeres -aunque la comparación no sea exacta pues en el caso de la prostitución yo defendería su erradicación real-

En California la producción de marihuana es legal desde hace años y en 2016, las ventas representaron más de 2.700 millones de dólares. El año pasado se abrió el sector a la producción industrial, permitiendo la obtención de beneficios a sociedades que se dediquen a ello. Y no pasa nada. No se ha derrumbado la sociedad, ni se ha reducido el nivel intelectual del estado, donde siguen estando los mejores clusters en nuevas tecnologías del mundo, ni ha estallado la revolución hippie. Simplemente, tienen un sector económico más y han terminado de raíz con todo elemento asocial relacionado con el cultivo.

Una legislación que permitiera el cultivo legal de marihuana en Andalucía, haría aflorar miles de puestos de trabajo (con sus correspondientes impuestos y cotizaciones sociales), ayudaría a equilibrar las cuentas públicas y eliminaría todos los problemas anteriormente apuntados y que reproducen la exclusión social en los barrios y pueblos. Además, dicha regulación debería  primar el régimen de cooperativa y limitar el volumen de producción para conservar el carácter social que actualmente tiene el cultivo. Es una cuestión de interés general. Pero es sobre todo una necesidad urgente para evitar que nuestros barrios más empobrecidos se conviertan en ghettos al margen de la ley donde el estado no llega. Barrios en los que no viven delincuentes, sino clase trabajadora que merece que se regule la única actividad económica que ofrece una salida y que, por otra parte, ya hemos aceptado como país.