Granada carece de infraestructuras necesarias para el desarrollo, de las que ya disponen otros territorios de España. Esto explica en parte la pobreza relativa, el alto índice de paro y la despoblación de nuestras comarcas. Por eso es doblemente sangrante que diversos gobiernos gasten el escaso dinero público en obras que, lejos de crear riqueza, lo que hacen es empobrecernos todavía más.
No es lo mismo gastar dinero que invertir; no es lo mismo favorecer negocios privados que desarrollar un territorio; no es lo mismo dar un pelotazo que crear empleo. Es fundamental que en Granada se dé un debate sobre supuestas “inversiones” que van a perjudicar severamente el interés general a la par que ofrecen cuantiosos beneficios a quienes supieron “colocarse” a tiempo. La provincia está llena de casos:
En la Costa tenemos el embalse del Río Verde, en Otívar. Si se construye, esta presa, dañará una zona declarada lugar interés comunitario por la Unión Europea y habitada por especies protegidas. Además, tal y como demostraron en su estudio hidrológico los profesores Padilla, Cruz y Benavente, de la Universidad de Granada, la presa provocaría la penetración de agua marina en el acuífero del río, con un notable impacto negativo sobre los cultivos subtropicales.
En el Altiplano, las protestas ciudadanas contra las obras del trasvase del Río Castril, son la prueba palpable del daño que generan este tipo de proyectos. Si la obra se consuma, el daño ecológico y económico dejará tocada de muerte a media comarca. Curiosamente, las obras siguen adelante a ritmo frenético, con el objetivo de terminarlas antes de que se haga efectiva la sentencia del supremo que las anula.
En el Área Metropolitana, sufrimos tres ataques simultáneos a la articulación racional del territorio: la autopista bajo la Alhambra (cierre del anillo) dañará el valor paisajístico de nuestro principal reclamo turístico; el “Parque del Milenio”, destinado a limitar a unas hectáreas la protección de la Vega, dejando el resto a merced de intereses urbanísticos y, por último, la pretensión de Torres Hurtado de “saltar” la circunvalación para empezar a urbanizar la Vega, excusándose en otra infraestructura: un nuevo parque ferial.
Todas estas obras tienen dos cosas en común: favorecen expectativas de especulación de gran calado y destruyen empleo. La especulación urbanísitca tiene dos factores limitantes: el agua y el suelo. Estos proyectos están destinados a satisfacerlos. Sean los proyectos de urbanizaciones con campo de golf en Almuñecar o en Baza (destinatarias del agua de Otivar y Castri, respectivamentel), sea la oportunidad creada en los cerros repentinamente colocados “a pié de autovía” con el cierre del anillo, o sea la ruptura de la protección de los terrenos de vega, el caso es que sus dueños verán multiplicado el valor de ese suelo.
Por otra parte, esas obras destruyen empleo en grandes cantidades. En Andalucía, cada hectárea de regadío genera 0,47 empleos. Es decir, que cada kilómetro cuadrado de regadío permite el sustento de 47 familias. Cuando se promueve la destrucción de terreno de Vega para montar una urbanización, un centro comercial o un campo de golf, cuando se hace una “inversión” para dar el agua necesaria a esos proyectos, lo que se está haciendo es gastar dinero público para crear paro y pobreza.
De igual manera, habrá que pensarse dos veces si realmente necesitamos destruir valor ecológico y paisajístico en Sierra Nevada para celebrar un evento deportivo de tercera como la universiada, que ninguna otra ciudad quiso. La universiada dejará poco empleo, mucha foto y algún pelotazo. Al año siguiente los granadinos seguiremos igual, pero con la Sierra deteriorada y por ello menos atractiva para el visitante.
¿No hay que recortar gasto? Esas obras deben pararse. Ahora, antes de que hagan más daño.
¿Significa esto que no hay que invertir en infraestructuras? No. Todo lo contrario. Granada necesita miles de millones de inversión en obra pública. ¿Donde? En la construcción de las líneas 2 y 3 del metro que comuniquen el Aeropuerto, la Vega Sur y la Mancomunidad del Río Monachil; en la ampliación de la Universidad; en el ferrocarril a Motril, el único puerto sin tren de todo el Mediterráneo. Igualmente, hay que invertir en la red de cercanías hacia Sevilla y hacia el Levante a través de Guadix. Hay que modernizar regadíos y llevar tendidos de alta tensión a las zonas con potencial de producción de energías renovables, actualmente aisladas.
Todas estas inversiones también tienen otra cosa en común: no favorecen ningún pelotazo. Por eso, en su defensa no hay otro grupo de presión que la propia ciudadanía. La misma que debería reclamar que también hubiera inversión pública directa destinada a recuperar actividad industrial en nuestra provincia.
No es lo mismo gastar dinero que invertir; no es lo mismo favorecer negocios privados que desarrollar un territorio; no es lo mismo dar un pelotazo que crear empleo. Es fundamental que en Granada se dé un debate sobre supuestas “inversiones” que van a perjudicar severamente el interés general a la par que ofrecen cuantiosos beneficios a quienes supieron “colocarse” a tiempo. La provincia está llena de casos:
En la Costa tenemos el embalse del Río Verde, en Otívar. Si se construye, esta presa, dañará una zona declarada lugar interés comunitario por la Unión Europea y habitada por especies protegidas. Además, tal y como demostraron en su estudio hidrológico los profesores Padilla, Cruz y Benavente, de la Universidad de Granada, la presa provocaría la penetración de agua marina en el acuífero del río, con un notable impacto negativo sobre los cultivos subtropicales.
En el Altiplano, las protestas ciudadanas contra las obras del trasvase del Río Castril, son la prueba palpable del daño que generan este tipo de proyectos. Si la obra se consuma, el daño ecológico y económico dejará tocada de muerte a media comarca. Curiosamente, las obras siguen adelante a ritmo frenético, con el objetivo de terminarlas antes de que se haga efectiva la sentencia del supremo que las anula.
En el Área Metropolitana, sufrimos tres ataques simultáneos a la articulación racional del territorio: la autopista bajo la Alhambra (cierre del anillo) dañará el valor paisajístico de nuestro principal reclamo turístico; el “Parque del Milenio”, destinado a limitar a unas hectáreas la protección de la Vega, dejando el resto a merced de intereses urbanísticos y, por último, la pretensión de Torres Hurtado de “saltar” la circunvalación para empezar a urbanizar la Vega, excusándose en otra infraestructura: un nuevo parque ferial.
Todas estas obras tienen dos cosas en común: favorecen expectativas de especulación de gran calado y destruyen empleo. La especulación urbanísitca tiene dos factores limitantes: el agua y el suelo. Estos proyectos están destinados a satisfacerlos. Sean los proyectos de urbanizaciones con campo de golf en Almuñecar o en Baza (destinatarias del agua de Otivar y Castri, respectivamentel), sea la oportunidad creada en los cerros repentinamente colocados “a pié de autovía” con el cierre del anillo, o sea la ruptura de la protección de los terrenos de vega, el caso es que sus dueños verán multiplicado el valor de ese suelo.
Por otra parte, esas obras destruyen empleo en grandes cantidades. En Andalucía, cada hectárea de regadío genera 0,47 empleos. Es decir, que cada kilómetro cuadrado de regadío permite el sustento de 47 familias. Cuando se promueve la destrucción de terreno de Vega para montar una urbanización, un centro comercial o un campo de golf, cuando se hace una “inversión” para dar el agua necesaria a esos proyectos, lo que se está haciendo es gastar dinero público para crear paro y pobreza.
De igual manera, habrá que pensarse dos veces si realmente necesitamos destruir valor ecológico y paisajístico en Sierra Nevada para celebrar un evento deportivo de tercera como la universiada, que ninguna otra ciudad quiso. La universiada dejará poco empleo, mucha foto y algún pelotazo. Al año siguiente los granadinos seguiremos igual, pero con la Sierra deteriorada y por ello menos atractiva para el visitante.
¿No hay que recortar gasto? Esas obras deben pararse. Ahora, antes de que hagan más daño.
¿Significa esto que no hay que invertir en infraestructuras? No. Todo lo contrario. Granada necesita miles de millones de inversión en obra pública. ¿Donde? En la construcción de las líneas 2 y 3 del metro que comuniquen el Aeropuerto, la Vega Sur y la Mancomunidad del Río Monachil; en la ampliación de la Universidad; en el ferrocarril a Motril, el único puerto sin tren de todo el Mediterráneo. Igualmente, hay que invertir en la red de cercanías hacia Sevilla y hacia el Levante a través de Guadix. Hay que modernizar regadíos y llevar tendidos de alta tensión a las zonas con potencial de producción de energías renovables, actualmente aisladas.
Todas estas inversiones también tienen otra cosa en común: no favorecen ningún pelotazo. Por eso, en su defensa no hay otro grupo de presión que la propia ciudadanía. La misma que debería reclamar que también hubiera inversión pública directa destinada a recuperar actividad industrial en nuestra provincia.
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