Sintesís elaborada por el grupo Parlamentario de IULVCA ante el cierre en falso de la comisión de los EREs en Andalucía.
Contextualizando:
El
Pleno
del
Parlamento
de
Andalucía,
en
su
sesión
del
día
14
de
junio
de
2011,
a
propuesta
de
los
Grupos
Parlamentarios
de
Izquierda
Unida
y
PSOE
acordó
por
unanimidad
la
constitución
de
una
“Comisión
de
Investigación
sobre
las
ayudas
sociolaborales
a
trabajadores
afectados
por
expedientes
de
regulación
de
empleo
y
a
empresas
en
crisis
otorgadas
por
la
Administración
de
la
Junta
de
Andalucía,
durante
el
periodo
comprendido
entre
los
ejercicios
2001-2010”.
El
objetivo
principal
de
esta
Comisión
de
Investigación
era
determinar
las
responsabilidades
políticas
en
que
se
pudiera
haber
incurrido
desde
la
administración
de
la
Junta
de
Andalucía
en
la
gestión
de
los
hechos
objeto
de
investigación.
Esto
incluye,
como
elemento
fundamental,
el
ofrecer
una
explicación
convincente
a
la
ciudadanía
de
lo
ocurrido
en
toda
su
extensión
y
dimensiones.
Esta
tarea
tenía
que
ser
completada
con
otra
esencial:
Proponer
mecanismos
e
instrumentos
para
que
las
irregularidades
y
presuntas
ilegalidades
encontradas
no
vuelvan
a
ocurrir.
Por
todo
ello,
cobra
importancia
el
concepto
de
Responsabilidad
Política
y
en
esta
cuestión
debemos
aterrizar
para
entender
lo
que
ha
ocurrido.
¿Qué
entendemos
por
Responsabilidad
Política?
Responsabilidad
política
vs
responsabilidad
penal
El
esfuerzo
por
distinguir
la
responsabilidad
política
de
la
responsabilidad
penal
ha
constituido
el
trabajo
de
generaciones
de
politólogos
y
juristas
hasta
llegar
a
la
conclusión
de
que
la
responsabilidad
política
es
la
derivada
del
“mal
uso
de
un
poder
legal”.
La
gran
diferencia
se
encuentra
en
que,
en
materia
criminal,
la
especificación
del
hecho
por
el
que
se
acusa
debe
preceder
a
toda
persecución.
Es
decir,
a
nadie
se
puede
acusar
sin
comprobar
que,
al
menos
con
ciertas
dosis
de
probabilidad,
se
ha
incurrido
en
un
tipo
penal.
En
materia
política,
en
cambio,
el
problema
no
es
de
legalidad,
es
de
puro
y
simple
acierto:
el
que
se
equivoca
responde.
Los
políticos
responden
por
sus
errores,
simplemente
por
su
fracaso,
en
tanto
en
cuanto
han
sido
elegidos
para
que
actúen
bien.
El
mal
uso
del
poder
legal,
aquí
está
la
cuestión.
El
artículo
108
de
la
Constitución
establece:
“El
Gobierno
responde
solidariamente
en
su
gestión
política
ante
el
Congreso
de
los
Diputados.”
Por
su
parte,
en
el
Estatuto
de
Autonomía
de
Andalucía
– marco
constitucional
de
referencia
para
esta
Comisión
de
Investigación
creada
por
y
en
el
seno
del
Parlamento
de
Andalucía
– se
conjugan
y
distinguen
ambas
responsabilidades,
la
individual
y
la
colectiva
solidaria
de
los
miembros
del
Consejo
de
Gobierno
en
su
artículo
124:
“Responsabilidad
solidaria
del
Consejo
de
Gobierno.
El
Consejo
de
Gobierno
responde
políticamente
ante
el
Parlamento
de
forma
solidaria,
sin
perjuicio
de
la
responsabilidad
directa
de
cada
consejero
por
su
gestión.”
Mientras
la
comisión
de
investigación
ha
venido
desarrollando
su
trabajo,
en
juzgados
se
han
estado
asimismo
investigando
las
responsabilidades
penales
derivadas
de
los
hechos
objeto
de
estudio
por
la
Comisión.
Por
ello
y
por
la
propia
naturaleza
de
la
comisión,
el
trabajo
se
ha
limitado
a
hacer
un
juicio
político,
conscientes
de
la
importancia
de
la
investigación
parlamentaria
para
el
correcto
funcionamiento
de
la
democracia.
En
consecuencia,
el
dictamen
de
la
Comisión
no
sería
una
sentencia.
No
correspondería
a
una
Comisión
parlamentaria
la
depuración
de
todos
los
hechos
susceptibles
de
ser
considerados
ilegales,
sino
sólo
los
de
relevancia
política.
Mucho
menos
determinar
de
forma
individualizada
las
conductas
tipificables
y
su
calificación
penal,
para
eso
están
los
tribunales
de
justicia.
Entendido
esto,
podemos
pensar
que
el
Parlamento
andaluz
tiene
capacidad
para
investigar
los
hechos
acaecidos,
depurar
responsabilidades
políticas
y
SOBRETODO
hacer
las
recomendaciones
oportunas
al
ejecutivo,
para
que
no
se
vuelva
a
producir.
Hay
que entender dos momentos diferentes en la parte final del trabajo de
la comisión:
1.
Una
vez
escuchadas
todas
las
comparecencias,
el
presidente
de
la
comisión,
el
compañero
Ignacio
García,
junto
con
el
letrado
del
Parlamento
recogieron
las
conclusiones
de
los
tres
grupos
parlamentarios
IU,
PSOE
y
PP.
Los
3
grupos
han
asistido
a
las
comparecencias,
han
preguntado
a
los
comparecientes
y
han
sacado
conclusiones.
El
papel
del
presidente
de
la
comisión
fue
crear
un
documento
de
síntesis
de
las
3
propuestas
que
recogía,
en
el
ejercicio
de
su
papel
de
presidente
de
la
comisión,
los
hechos,
los
responsables
políticos
y
las
recomendaciones
para
el
futuro.
De
este
trabajo
de
Ignacio
García
se
obtuvo
un
documento:
la
propuesta
de
síntesis
de
la
investigación
y
se
devuelve
a
los
3
grupos
parlamentarios
para
que
la
valoren
y
en
su
caso,
propongan
enmiendas
al
texto.
El
dictamen presentado por Ignacio García suponía un documento
riguroso, estructurado, con un sentido global de los hechos. Dividido
en párrafos, relataba de forma objetiva lo sucedido una vez
recogidas las aportaciones de los 3 grupos.
Desde
IU entendíamos este dictamen como un dictamen de servicio a la
democracia, que sostenía un estudio de los hechos y de sus
responsables de forma fehaciente.
2.
El
documento
final
y
las
enmiendas
al
documento
se
llevan
a
una
última
reunión
de
la
comisión
de
investigación
para
su
debate
y
votación
y
ocurre
lo
siguiente:
-
El
PSOE,
que
había
enmendado
28
párrafos
del
documento
vota
NO
a
43
párrafos
- El PP vota que NO a
todo.
- IU, defiende el
dictamen presentado y vota SI en su totalidad.
Por
lo
tanto,
excluído
el
PP
de
cualquier
consenso,
los
43
párrafos
a
los
que
el
PSOE
vota
NO,
salen
del
documento
dado
que
PSOE
y
PP
votan
NO
a
esos
48
párrafos.
Pero
hay
más.
Si
el
PP
votó
NO
a
todo
y
el
PSOE
se
abstiene
además
en
60
párrafos
más,
tenemos
un
total
de
103
párrafos
que
caen
del
documento.
¿Qué
supone
sacar
esos
103
párrafos
del
documento?
Pues
supone la mutilación del dictamen que acaba siendo una malformación
de los hechos, una incoherencia en su relato y para muestra, un
botón:
El
documento
inicial
señala
que
“en
un
momento
determinado,
se
entregan
ayudas
a
empresas
y
conflictos
que
no
responden
a
las
características
apuntadas.
Hay
empresas pequeñas y con escaso número de trabajadores a las que se
entregan ayudas sociolaborales como el caso de SURCOLOR, con 24
trabajadores. Incluso en algunos casos se recibieron ayudas, sin que
ni siquiera conste que se hubiera solicitado el ERE”.
El
PP vota en contra y el PSOE se abstiene en lo siguiente:
“109.
En
principio,
los
criterios
generales
que
debían
presidir
la
concesión
de
estas
ayudas
eran
los
mismos
que
para
las
ayudas
sociolaborales
a
trabajadores:
-
Numerosos
trabajadores
afectados.
Impacto
económico
importante
en
la
zona
de
ubicación,
al
no
existir
alternativas
de
empleo.
-
Las
ayudas
permitirían
la
viabilidad,
la
continuidad
de
la
empresa
y
el
mantenimiento
del
empleo.”
“110.
Sin
embargo,
puede
comprobarse
que
esos
criterios
no
han
sido
los
que
presidieron
la
concesión
de
las
ayudas.”
“111.
La
mayor
parte
de
las
ayudas
se
concentra
en
una
zona
muy
concreta
y
pequeña
en
relación
con
el
conjunto
de
Andalucía.
Más
del
60%
de
las
mismas
se
conceden
a
empresas
y
entidades
de
la
Comarca
de
la
Sierra
Norte
de
Sevilla.
Y
como
el
mismo
ex
Consejero
Viera
reconoció
(…)
De
modo
que
“si
era
cierto
que
en
la
Dirección
General
de
empleo
(la
que
concedía
las
ayudas)
había
una
preocupación
especial
por
la
Sierra
Norte
de
Sevilla,
otras
direcciones
generales
o
áreas
de
gobierno,
se
preocupaban
de
favorecer
a
otras
zonas”.
“114.
Se
han
llegado
a
dar
ayudas
a
empresas
inexistentes,
a
empresas
que
nunca
llegaron
a
ponerse
en
marcha,
a
empresas
que
cerraron
al
poco
tiempo,
a
empresas
con
muy
escaso
número
de
trabajadores,
etc.”
“115.
Incluso
se
ha
llegado
a
dar
ayudas,
teóricamente
dirigidas
a
mantener
el
tejido
productivo
ayudando
a
empresas
en
crisis,
a
concesionarios
de
automóviles,
bares
y
restaurantes,
a
diversos
ayuntamientos,
a
la
Universidad
de
Sevilla
y
a
la
Fundación
San
Telmo.”
QUEDA,
POR TANTO, RECHADA LA TESIS PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN
¿Tiene
sentido la actitud del PP y del PSOE?
- Pues no parece tan alarmante que el PSOE se abstenga de estas afirmaciones pues son sus dirigentes los principales responsables y puede entenderse que confíen en la mayoría de los otros dos grupos para revalidad esta tesis. Allá ellos.
- Lo que resulta MUY chocante es que el PP vote en contra.
¿Y
porqué
iba
a
votar
el
PP
en
contra
de
la
principal
tesis?
Saquen
sus
propias
conclusiones,
pero
hay
que
señalar
algunas
valoraciones:
- El PP no ha creído desde el principio en esta comisión. Ha pasado la investigación por alto, las intervenciones, los hechos, hocicado en culpar a Griñán y Chávez. Han entrado en una especie de esquizofrenia por la que o se señalaba a Griñán y Chávez o nada.
- Esto le ha llevado a votar en contra de todas las responsabilidades políticas, en un claro intento de que el dictamen defendido por IU no saliera adelante.
- El PP, gracias a la abstención del PSOE, ha podido rechazar de plano que la Comisión se saldara con un éxito y por ello, ha preferido no dotar de legitimidad el trabajo que ha elaborado IU.
A
juicio
del
presidente
de
la
comisión
“Habrá
un
cierre
inesperado,
sin
dictamen
debido.
Aquí
se
han
confrontado
dos
dictámenes
escritos
a
priori
sin
tener
en
cuenta
la
investigación,
el
dictamen
del
PP
y
el
del
PSOE.
Uno,
el
del
PP,
pretendía
barrer
con
todo
y
a
todos
los
niveles,
y
otro,
el
del
PSOE,
vacío.
Ambas
eran
irreconciliables,
y
pretendiendo
salirse
con
la
suya,
el
PP
decidió
echarlo
todo
por
tierra
deslegitimando
el
trabajo
de
investigación
elaborado
por
la
comisión.”
Ante
esto,
somos
sinceros.
Perdemos
tod@s:
el
Parlamento,
la
política
y
la
ciudadanía
y
entendemos
que
con
ejemplos
como
estos,
no
nos
podemos
extrañar
que
la
sociedad
se
encuentre
cada
día
más
alejada
de
la
política.
Los
intereses
partidistas
del
PSOE,
de
salvaguardar
a
los
suyos,
junto
con
el
interés
del
PP
de
no
dotar
de
legitimidad
el
trabajo
que
ha
elaborado
IU
y
por
ende
a
la
naturaleza
de
esta
comisión.
La
votación en el Pleno del Parlamento
Mañana,
miércoles
27
de
noviembre,
el
Pleno,
previsiblemente
rechazará
lo
que
ha
quedado
del
documento
y
la
posición
de
IU
será,
obviamente,
votar
en
contra
porque,
a
juicio
de
nuestro
grupo
parlamentario:
“lo
que
sale
de
la
comisión
nada
tiene
nada
que
ver
con
lo
original
y
ante
esta
incoherencia
es
preferible
que
el
fracaso
se
visualice
al
cien
por
cien”.
Por
otro
lado,
está
nuestra
ética.
No
vamos
a
votar
a
favor
de
un
dictamen
mutilado
que
deja
incoherencias
tan
grandes
como
esta:
Cuando
se habla del interventor, IU ha defendido que éste pudo hacer algo
más para advertir de las irregularidades que se estaban cometiendo,
pero advertíamos que había denunciado hasta 15 veces. La mutilación
del PP y del PSOE al dictamen supone eliminar esta advertencia y
señalar al interventor como responsable que no actuó en ningún
momento. Esto es inadmisible.
Y
ahora, ¿Qué?
Podemos
sentirnos
orgullosos
del
trabajo
que
hemos
realizado
desde
IU,
una
fuerza
política
que
cree
en
la
naturaleza
de
estas
comisiones.
Así
lo
han
demostrado
nuestros
parlamentarios
en
la
comisión
y
también
lo
demuestran
nuestros
compañeros
de
IU
en
el
Ayuntamiento
de
Madrid
quienes
se
han
ido
de
una
Comisión
de
investigación
-
Madrid
Arena
-
porque
el
PP
ha
bloqueado
las
comparecencias
de
los
principales
responsables
y
ya
ha
anunciado
que
la
investigación
política
durará
tres
días.
Vegüenza.
Eso
es
lo
que
sentimos
desde
el
grupo
parlamentario
de
Andalucía,
donde
se
ha
hecho
un
trabajo
serio
que
se
ha
echado
por
tierra
por
las
maniobras
del
bipartidismo,
y
lo
que
deben
sentir
nuestros
compañeros
del
grupo
municipal
del
Ayuntamiento
de
Madrid.
Creemos
en
la
democracia,
en
que
el
pueblo
conozca
detalladamente
lo
que
se
ha
hecho.
La
transparencia
ante
todo
y
por
ello
una
de
las
recomendaciones
que
defendimos
y
seguiremos
defendiendo
es
la
formalización
de
las
comisiones
de
investigación,
eso
sí,
hay
que
hacer
balance
global:
- Los que señalan que el pacto de gobierno de PSOE e IU recogía conclusiones pactadas de esta comisión están muy alejados de la realidad. Ni la comisión se recogía en el pacto ni las conclusiones han sido pactadas y para muestra, el resultado. Los altavoces del PP, desde luego, seguirán vendiendo esta idea.
- Quienes han coincido finalmente han sido PP y PSOE, lo que ha toda lógica nos lleva a pensar que ambos sabían su dictamen antes de empezar la comisión de investigación, no han atendido a la investigación y han defendido al final sus propuestas iniciales.
- Un hecho tan saludable para la democracia como es una comisión de investigación, no merece la pena cuando los grandes partidos llevan los dictámenes ya hechos y que responden a intereses partidistas: “no lleves el dictamen de antemano y atente a lo que se escuche en la comisión de investigación”.
- El ciudadano se puede sentir defraudado y engañado. Es un hecho que nos lleva a pensar que el sistema institucional hoy difícilmente da respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía. Hace falta una reflexión sobre el papel de las instituciones.
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