14 de diciembre de 2014

Precios de Ruina y productos inaccesibles. 9 medidas para Sacar la agricultura del libremercado.

     Abandonado al libremercado, el campo andaluz no tiene futuro. Más de medio millón de andaluces son trabajadores del campo. Su renta no deja de bajar año tras año mientras los precios de los productos permanecen inestables y a la baja y los de los insumos (gasoil, agua, fertilizantes, equipos...) suben año tras año sin parar. La rentabilidad económica del campo andaluz es ya tan baja que el arrendamiento de la tierra no vale nada y las cosechas se quedan en el campo sin recoger cada vez con más frecuencia.

     La lógica del libremercado es la de la competencia entre modelos de producción, en la que acaba triunfando aquel que es capaz de satisfacer una necesidad de mercado con una calidad aceptable a un precio más barato.
     Trasladada esta lógica a la agricultura, se produce un arrastre inexorable de la producción agrícola hacia un modelo que la mayoría consideraremos indeseable y que nadie (ni siquiera los defensores del libremercado) se atreverá a defender en público: se trata de un modelo de explotación agrícola industrializada, centrado en la capacidad de vender a unos precios lo más bajos posibles un producto uniforme, estandarizado e indistinguible, con el empleo del menor número de trabajadores posible y, para lograr economías de escala, con una alta concentración de la propiedad de la tierra.
     Quienes consideren este modelo deseable, ya pueden dejar de leer... para el resto, queda reconocer que este es el "destino manifiesto" de la agricultura sometida a los cánones del lineralismo y que si queremos otro modelo, tendremos que afrontar la tarea ingente de sacar a la agricultura del libremercado. Cabría una tercera vía, a la que me referiré al final, que en realidad es un espejismo, pero que se parece mucho a la situación actual.
ANUARIO COAG 2013
     Se trata de sacar a la actividad agrícola del libremercado, contemplándola no como un sector económico más, sino como un sector estratégico, vinculado a la soberanía alimentaria y que, por tanto, no puede ser dejado al "riesgo y ventura" de los vaivenes del mercado global.
     Se trata de alcanzar un gran pacto por la soberanía alimentaria entre ciudadanía y agricultores, con el soporte y aval del estado. Un pacto con medidas a desarrollar y que se pueden poner en marcha desde las administraciones autonómicas que tengan voluntad:
  1. Tasas a las grandes Superficies comerciales para reducir su competitividad en el sector de la distribución minorista, en el que gozan de una posición hegemónica cercana al oligopolio. Una posición de fuerza que emplean para imponer precios injustos a los productores agrícolas, llevándolos al borde (o totalmente) de la venta a pérdida y provocando una caida de precios en el mercado en general, lo que crea escenarios de rentabilidad negativa imposibles de asumir para los productores agrícolas.
  2. Banca Pública. Una herramienta indispensable para garantizar el acceso al crédito para la pequeña y mediana explotación agraria, ya sea para circulante o para financiación de inversiones. En la actualidad, la dificultad de acceso al crédito está provocando situaciones de obsolescencia de determinadas explotaciones o el abandono de otras, favoreciendo así la concentración de la tierra.
  3. Ley integral de agricultura. Para blindar por ley las medidas que en el ámbito autonómico puedan proteger a los agricultores y poner en marcha planes de modernización, acceso a la tierra, etc.
  4. Canales cortos de comercialización de productos alimentarios. Intervención directa de la administración autonómica para facilitar la venta directa de productores a consumidores, o al menos con el menor número de intermediarios posibles (economatos de barrio, cadena cooperativa de pequeños comercios, etc.)
  5. Parques agrícolas de las Vegas periurbanas. Protección de las vegas periurbanas e impulso a agricultura y ganadería. Creación de alguna figura de protección patrimonial, así como de un ente de gestión que garantice la protección de un recurso finito y escaso, como es el suelo agrícola en los ámbitos periurbanos, para dedicarlo a la producción alimentaria, con planes que favorezcan la rentabilidad de las explotaciones.

     Andalucía, donde la presencia de IU en el gobierno andaluz está suponiendo un antes y un después en el planteamiento de un nuevo modelo productivo, ya está trabajando en estas cinco líneas, con diferente grado de desarrollo y siempre en una fase inicial de un objetivo tan ambicioso como es sacar del libremercado la actividad agrícola: la consejería de comercio ya ha planteado y desarrollado la propuesta de tasa a las grandes superficies, que si no es ya una realidad en Andalucía se debe, exclusivamente, a la falta de valentía política del socio mayoritario del gobierno (PSOE) y a la capacidad de influencia que sobre el mismo tiene la patronal de las grandes superficies minoristas; la banca pública ha sido el gran elemento de negociación de estos presupuestos. Una victoria política para IU cuyo desarrollo progresivo debe alumbrar los primeros logros a lo largo de 2015; la ley integral de agricultura se debe redactar y aprobar a lo largo de 2015, según consta en el pacto político que sustenta el gobierno (y aquí será clave el papel activo y la capacidad de propuesta de las organizaciones agroganaderas); en materia de canales cortos de comercialización, ha empezado a andar un proyecto piloto denominado "oficinas de mediación comercial", dirigido por la consejería de comercio y turismo y orientado, precisamente, a crear este tipo de redes. Y, finalmente, la protección e impulso de las Vegas es un importante reto en el que el impulso conjunto de la asociación vegaeduca y salvemos la vega de Granada, junto con el grupo parlamentario de IU, ha forzado la creación de un grupo de trabajo interdepartamental, a instancias del parlamento, pero formado por varias consejerías, que debe emitir una propuesta concreta para desarrollarla legislativamente, en los próximos meses.
     Hasta aquí alcanzan las iniciativas que se pueden tomar desde las competencias autonómicas. Y quiero destacar que en Andalucía todas están en marcha. Pero las verdaderas soluciones a la situación de la agricultura y ganadería deben venir de marcos normativos superiores: de un cambio de la política agrícola estatal y europea. Agricultores y ganaderos necesitan un gobierno en España que esté dispuesto a modificar:
  1. Los Precios de la energía, estableciendo para el gasoil y electricidad vinculados a la producción agrícola un precio dotado de una bonificación modulada en proporción inversa al tamaño de la explotación. Además, incorporar ayudas fiscales a la complementación de rentas agrícolas con la producción de energías renovables, para las que nuestro medio rural goza de un gran potencial.
  2. Cambiar los impuestos en el medio rural. Transformar la fiscalidad referida a la actividad agrícola. Penalizar el mantenimiento de fincas improductivas mientras se reduce el IVA, se reducen los tramos básicos y se logra una mayor progresividad, recaudando sobre la base de las ganancias obtenidas una vez descontado el salario del propio agricultor. Dejar de gravar la propia actividad económica para pasar a recaudar sobre la base del beneficio obtenido.
  3. Cambiar la política agraria comunitaria (PAC) Sin entrar en el reparto canallesco y contra Andalucía que hizo el PP este año, las ayudas deben dirigirse a hacer sostenible la explotación familiar y no la gran explotación, modulando las ayudas como llevan reclamando los agricultores desde hace décadas (actualmente el 20% de los grandes productores se quedan el 80% de las ayudas europeas). Las ayudas deben, además, respaldar la producción y no la mera tenencia de cultivos; reconocer situaciones diversas como la del olivar de serranía. Finalmente, la Política agraria comunitaria debería también entrar a determinar unas relaciones laborales y salariales dignas para autónomos y asalariados del campo. 
  4. Regular los precios. El autónomo del campo es prácticamente el único productor de España que no sabe a qué precio va a vender su producción cuando acomete su actividad económica. Es una situación de desprotección en la que grandes grupos de intermediación abusan de su posición de dominio para imponer precios ridículos que llevan a la ruina a los agricultores. Paradójicamente, esos productos alcanzan después unos precios en la cadena de distribución que hacen que ámplias capas sociales golpeadas por la crisis no puedan acceder a a ellos. Una efectiva regulación de precios debe hacerse a nivel estatal y conlleva una transformación del modelo de distribución, pero también una dura negociación con las autoridades europeas. Es, sin embargo, imprescindible para lograr la soberanía alimentaria.
     Pero para desarrollar estas medidas necesitamos otro gobierno en España. Uno que no se haya rendido a los dictados de Centroeuropa antes incluso de alcanzar el poder.
     En algún momento me he referido a que cabe una "tercera vía" que se parece mucho a la situación a la que nos dirigimos. Se trata de mantener una agricultura residual, deficitaria, subsidiada e ineficiente. Incapaz de competir en el mercado y a la que permanezcan atados cientos de miles de trabajadores agrarios en situación de dependencia y con una economía de subsistencia, precaria e incierta... es un espejismo. Se trata en realidad de hacer "soportable" la pérdida de competitividad del campo en tanto en cuanto se consolida el modelo del libremercado, para después dejar caer a los pequeños productores. Sin embargo, es justo lo que está ocurriendo.

   Si no queremos que ese sea el futuro, urge la creación de esa alianza política de agricultores y ciudadanía urbana por un nuevo modelo, centrado en la soberanía alimentaria, que saque a la agricultura del libremercado.

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