2 de octubre de 2017

Del No-Referéndum catalán a la Asamblea Constituyente

Ayer en Cataluña tuvieron lugar dos importantes actos políticos. El primero, la demostración de fuerza de un pueblo catalán organizado y movilizado que ocupó y defendió colegios desde dos días antes, resistió el uso de la fuerza con ejemplar serenidad y celebró, bien que mal, una votación en la que se trasladaba el millonario respaldo a la propuesta independentista. El segundo, el del gobierno de España, que decidió hacer su propia demostración de fuerza con miles de policías y guardias civiles desplegados cerrando colegios, incautando urnas, sacando a la gente a rastras de los colegios y causando lesiones a más de 800 ciudadanos que realizaban un acto de desobediencia civil no violenta.

El referéndum de ayer en Cataluña no tiene validez jurídica, pues no hay marco constitucional ni legal que lo ampare. Tampoco tiene validez democrática pues el gobierno español se ha ocupado de hacer imposible cualquier garantía en el proceso (bloqueo de internet, cierre de colegios, etc.). Pero es que, además, una fracción muy significativa de población catalana, por estar en contra de la validez y de la propia celebración del referéndum, se ha negado a participar en él, distorsionándose así cualquier valor representativo de la votación. Lo que sí que tiene es un innegable valor político.

Todo esto es tan evidente, que el gobierno de España se podría haber limitado a explicar esto y negar todo reconocimiento legal al acto político de ayer. La mayoría de los gobiernos europeos lo habría respaldado. Pero no. Decidieron dar un espectáculo de represión policial y violación de derechos humanos sin precedentes en España... pero además un espectáculo estéril, pues al menos en tres de cada cuatro colegios, la ciudadanía acabó votando con normalidad. Entonces ¿Para qué los heridos? ¿Para qué las cargas? ¿Cuál era el objetivo de las intervenciones? ¿Por qué en unos colegios sí y en otros no? El gobierno sabía que es imposible ponerle puertas al campo de millones de personas organizadas. Entonces ¿Para qué la ineficaz intervención?

No son preguntas puramente retóricas. El hecho de que no haya una respuesta razonable a estas cuestiones, desvela que la motivación última de las actuaciones policiales era otra. En política el absurdo no existe. Las imágenes que han recorrido el mundo y que a todos los españoles de bien nos avergüenzan, son precisamente el objetivo que buscaba Rajoy. Dar una imagen de fortaleza y contundencia ante su electorado, el más radicalizado, el del "a por ellos" a quien preocupa menos que Cataluña se independice o no comparado con que el gobierno de España ponga en duda el carácter sagrado de la unidad nacional. Rajoy ya ha dado la espalda a la cuestión catalana y sólo se preocupa de la lectura interna de cara a su electorado, pensando en las elecciones de 2018 o 2019. Ese es el grado de irresponsabilidad de quien nos gobierna. Los radicales del españolismo entendido como pensamiento mágico-mítico, aún heredero de la España nacionalcatólica, estarán satisfechos de su presidente ejerciendo de guerrero del antifaz. Pero el resto estamos muertos de vergüenza y sentimos hoy, sobre todo, solidaridad y empatía por el pueblo catalán.

Por supuesto, todo esto se hubiera evitado con un referéndum pactado que preguntase honestamente a la población catalana. Eso sí, con las condiciones de la independencia bien claras. En lo que respecta al problemón del pago de la alarmante deuda, a la pérdida de la condición de miembros de la UE, la exposición a los mercados financieros globales, las condiciones de uso o peaje de las instalaciones del estado español (puertos, aeropuertos, etc.), las relaciones comerciales en las futuras fronteras o la situación fiscal en caso de posible permanencia (o no) de filiales de las empresas catalanas en el resto del territorio español, por decir algunas cosas.

Hoy por hoy, y debido al pensamiento miope y egoísta de la estrategia de partido del PP, los pocos puentes afectivo-identitarios que quedan entre España y Cataluña los está volando Rajoy a ritmo meteórico. Por supuesto que, del otro lado, la burguesía catalana está aportando lo suyo. Pero con eso ya contábamos. El caso es que por el camino de una separación traumática de España y Cataluña, todos tenemos mucho que perder. Especialmente los trabajadores. No digamos ya si se llega a una separación unilateral de facto y no reconocida.

Porque la independencia no es agitar una bandera en un balcón. Es la ruptura del marco jurídico común de las burguesías catalana y castellana (aquí los andaluces pintamos poco, como ya se ocupa de confirmar casi a diario Susana Díaz) Es verdad que para una parte muy significativa de la población son muy importantes los elementos simbólicos (bandera, himno, etc.) Pero en lo material, de lo que se trata es de quién y cómo recauda los impuestos y quién, cómo y en qué prioridades decide gastar lo recaudado, junto con la definición de políticas, fundamentalmente comerciales, que beneficiarán a unos sectores de la población y perjudicarán a otros.

Los contenidos materiales de la reivindicación independentista son los que preocupan a la burguesía catalana, que aspira a conseguir mejores cotas de competitividad internacional con menores impuestos y mayor margen para la innovación. Esto se puede pactar y, además, bien planteado, podría hasta aportar elementos positivos de arrastre sobre las economías del resto de comunidades autónomas. Marco para diferencias jurídicas no hay mucho en la UE. Además hay que resolver los elementos simbólicos e identitarios. Hay una salida: la de la República Federal de España, o incluso la Federación de Repúblicas Hispanas (no es lo mismo). Una ocasión para redefinir la política territorial, nuestra democracia y el poder de las oligarquías franquistas que dejó intacto la transición. No basta con una reforma. Sólo un proceso constituyente abierto puede dar respuesta a tantas inquietudes.

A estas alturas la única salida para mantener una relación común estable entre Cataluña y el resto de territorios, pasa por un proceso constituyente en línea federal y, por tanto, republicana... habrá a quien le choque, pero posiblemente, el mayor obstáculo a ese concepto de la "unidad nacional" que tanto preocupa a la derecha, lo constituye, a estas alturas, Felipe VI.

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