24 de febrero de 2015

11 pasos. Así han convertido la crisis en un expolio

Una tras otra, todas las medidas estructurales que han tomado los gobiernos de Zapatero (PSOE) y de Rajoy (PP) desde que estalló la burbuja inmobiliario-financiera han servido para favorecer una transferencia neta de riqueza nacional a manos privadas.
Aunque en algunos casos es difícil ponerle números, es evidente que todas las grandes reformas han tenido un mismo efecto: la acumulación creciente de capital en manos del reducido grupo que provocó la crisis y que ahora, con estas políticas, sale beneficiado con ella. Este capital es extraido, o bien del patrimonio público o bien de las rentas de los trabajadores.
Partimos de la base de que toda la riqueza de España la producimos los trabajadores españoles y que después esta riqueza es repartida entre ellos y sus patronos según se establezcan las reglas del juego por la legislación estatal, que será siempre una resultante de la correlación de fuerzas entre la articulación política del capital y la del trabajo. Una parte del reparto se realiza en la propia empresa, mediante salarios. La otra, a través del funcionamiento del estado.

¿Quié cambios ha habido en estos 7 largos años de crisis en la distribución de la riqueza producida? Veamos los principales "canales" por los que se produce esa circulación de riqueza en uno u otro sentido:

I ¿Qué han hecho con los impuestos?: IRPF, sociedades e IVA

Cuántos más impuestos recaude el estado, más fondos hay disponibles para las políticas de empleo, inversión, asistencia social, educación y salud, etc. Es decir: para satisfacer las necesidades de la mayoría social. En principio, por tanto, una alta recaudación fiscal favorece a los trabajadores... En principio, porque también puede malgastarse en estupideces. Sin embargo, no basta sólo con qué cantidad de se obtiene y en qué se gasta. Aun suponiendo un gasto correcto, hay que analizar también cómo se recaudan esos impuestos, pues no es lo mismo gravar las rentas más altas, el beneficio multimillonario o el patrimonio que recaudar sobre los salarios más bajos, sobre el consumo de productos básicos (IVA) o a la actividad de los autónomos. 
Demos un repaso a la evolución de las principales herramientas impositivas de España (IRPF, sociedades e IVA) ¿Qué han hecho con los impuestos?

 
1. IRPF. Incrementar la presión sobre las rentas del trabajo.
Las políticas de PP y PSOE han ido dirigidas a mantener la recaudación por las rentas del trabajo. Algo sorprendente, si tenemos en cuenta la bajada de los salarios en términos reales así como la dramática caída de la ocupación, que ha pasado de 20,6 Millones de empleados en 2007 a 17,1 Millones en 2014... sin embargo, la reestructuración del IRPF ha permitido que esos 17 millones de ocupados continuaran pagando impuestos del trabajo por valor de algo más de 70.000 millones de Euros. Lo mismo que pagábamos cuando éramos más de 20 millones y medio de trabajadores.
Aún más grave será la reforma que acaba de aprobar Rajoy, que básicamente consiste en una reducción drástica del IRPF a las rentas más altas (de entre un 4% y un 6% a las rentas superiores a 120.000 €/año) a cambio de una rebaja de impuestos apenas apreciable para los sueldos más bajos, que serán, sin embargo, quienes más sufran la contracción de la capacidad de gasto del Estado.

2. Sociedades: que los beneficios millonarios paguen (porcentualmente) menos que un trabajador.
Ese es el resultado de unas políticas que han conseguido que en 7 años de crisis, la aportación de los beneficios del capital a las arcas del Estado pase de representar casi una cuarta parte (23,2%) con 45.000 Millones €. a un testimonial 12,8% (21.000 Millones €.). El camino lo marcó el PSOE con Zapatero, que en época de beneficios record para la gran empresa, llevó a cabo una rebaja del 5% del impuesto a los beneficios empresariales. Con un tipo máximo que no paga nadie, pues las innumerables ayudas, exenciones y puertas falsas del sistema permiten que el tipo medio de tributación de las sociedades en España sea en torno del 11,5% mientras que la gran empresa sólo paga un 5,3% a Hacienda, según datos del propio ministerio.
Con este esquema se consigue que un asalariado de una gran firma contribuya al sostenimiento del Estado con 20 de cada 100 € que gana, mientras el propietario tan sólo contribuye con 6 de cada 100 millones que obtiene de beneficio del trabajo de sus empleados.
No obstante, todo esto aún parece poco para el PP, que acaba de ultimar una reforma para rebajar el tipo nominal de impuesto de sociedades del 30% al 25% para 2016.
El discurso de la derecha de que en España ya se pagan demasiados impuestos y que si los subimos el capital marchará a otro país, es difícil de compatibilizar con el hecho de que en 2014, en plena crisis, con 5 millones de parados y la pobreza disparada, el reparto de dividendos de la gran empresa española registró su record histórico (nunca había ganado tanto el capital) y la bolsa española es la que mayor rentabilidad ofrece de la Unión Europea.

3. IVA: tarifa plana de impuestos para ricos y pobres por el consumo cotidiano.
Que la práctica totalidad de las familias tienen serios problemas para llegar a fin de mes (como mínimo) y que todas tienen menos ingresos que hace una década es una obviedad. Es algo que se refleja en la encuesta de presupuestos familiares que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Nos muestra que, en promedio, cada españos dispone de unos 1.200 €/año menos para consumir.
Sin embargo, con menos dinero moviéndose en las tiendas, bares y supermercados, las reformas fiscales de Rajoy y Zapatero se las han ingeniado para seguir recaudando prácticamente lo mismo en concepto de IVA: 53.400 Millones en 2014 frente a 55.800 Millones en 2007. El método ha sido sencillo: nos aplicaron primero una subida (criticada por PP y aprobada por PSOE) y después otra (criticada por PSOE y aprobada por PP)
 El IVA es el impuesto más injusto de todos por penalizar por igual el consumo del parado que el del rentista o la familia numerosa. También es el que más incidencia tiene en el incremento de la economía sumergida. Pero es sobre todo, un impuesto no progresivo. Que no distingue entre ricos y pobres y que, por tanto, genera un incremento de la desigualdad.

En definitiva, estos años de crisis se han empleado para que el estado lo soportemos básicamente los trabajadores, dejando casi exentos de contribuir a su mantenimiento a los grandes grupos de capital.

II ¿Qué han hecho con el gasto público?: Servicios públicos, protección social e Inversión.


4. Servicios públicos: favorecer la desigualdad.
 
Cuando hablamos de recortes en estos años, lo primero que se nos viene a la cabeza es la educación y la sanidad. Los servicios públicos por antonomasia que han caracterizado a las democracias europeas por permitir el acceso a la educación y salud pública, universal, "gratuita" y de calidad. Lo de gratuita es relativo, pues ambos servicios son pagados con los impuestos provenientes de la riqueza que anualmente generamos todos los trabajadores.
Se trata de salario indirecto. Es decir: contraprestación en especie que recibimos los ciudadanos en un estado que se define, según la propia constitución como social.

En materia de salud, la reducción del salario inidrecto la inició el gobierno del PSOE, cuando el Presidente Zapatero, tras la comparecencia de mayo de 2010, introdujo un recorte del 8,1% en sanidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Después vinieron todas las fórmulas de recorte del PP de Rajoy: repago farmacéutico, reducción de prestaciones (transporte, prótesis) y la negación del servicio de salud a los inmigrantes en situación irregular y a parados que nunca han cotizado o de larga duración... hoy, son ya casi un millón de tarjetas sanitarias de la seguridad social las que ha dado de baja el gobierno de la nación.

Los efectos sobre la salud pública son demoledores. La ciudadanía recibe cada vez un peor servicio, mientras, quienes pueden pagárselo, acuden al sistema privado. Parejo a los recortes corre el incremento del negocio de las aseguradoras privadas (ASISA creció más de un 12% entre 2011 y 2013)

En educación, la trayectoria es similar, con un recorte del 8% también iniciado por el PSOE de Zapatero en 2010 y que ha venido seguido por la verdadera "guerra a la educación pública" que ha puesto en marcha el ministro Wert. La fotografía de la educación en España antes y después de la crisis es espeluznante:
Un 2,5% menos de profesorado para atender casi un 10% más de alumnado, tras un recorte presupuestario de más de 3.000 Millones y una reducción en un 30% del número de becados (pese a la dolorosa situación de las familias en comparación con 2008). Masificación de alumnos, incremento de jornada laboral, eliminación de la gratuidad de comedor, libros de texto o transporte... todo ha valido a la derecha en estos años para deteriorar la educación pública allá donde han podido. Donde han podido, porque ha habido gobiernos autonómicos que se han resistido hasta el límite de lo posible.

Dado que salud y educación son prestadas por las comunidades autónomas, los recortes del gobierno central se hacen a las transferencias, poniendo entre la espada y la pared a los gobiernos autónomos, que se ven privados materialmente de los fondos para hacer frente a sus competencias. En el caso de Andalucía, el colmo de la desfachatez lo protagonizan los dirigentes del PP, que después de respaldar los recortes, acusam al gobierno autónomo al que han recortado del deterioro de los servicios. Con todo, cualquier mirada objetiva dispuesta a comparar la gestión de educación y sanidad en Andalucía y en comunidades como Valencia, las dos Castillas o Madrid, debe reconocer el freno que se ha puesto a la estrategia anti igualdad del PP. en la etapa de gobierno andaluz de la que IU has formado parte.

5. Protección social (dependencia, desempleo, pensiones no contributivas). Abandonar a su suerte a los derrotados. El miedo a la pobreza.

Se trata de la última línea de defensa del estado del bienestar que costeamos los trabajadores: la que afecta a aquellas personas que por sus condiciones físicas, laborales o sociales dependen del auxilio de la sociedad en su conjunto para salir adelante. La reducción de las políticas de protección social ha sido abrumadora. No se trata sólo de ahorrar gasto público. Tampoco de la materialización de la entraña insolidaria de la derecha. Se trata, sobre todo, de lanzar un mensaje: más vale que aceptes cualesquiera condiciones de trabajo, porque si te caes, no va a haber nadie para levantarte.

En materia de dependencia, el gobierno de Andalucía pagará este año 7,8 de cada 10 Euros del coste del servicio. Lo hacemos para garantizar (a duras penas) el servicio a más de 158.000 beneficiarios, pese a que el reparto acordado con el Gobierno de España era al 50%. Si Andalucía, respetando ese convenio, destinara a dependencia la misma cantidad que envía el Gobierno de Rajoy, serían más de 80.000 los dependientes andaluces que quedarían abandonados. Pero no es sólo la cuantía económica. Además, el gobierno redujo los baremos, de forma que según "criterios técnicos" actualizados, hay ancianos con dolencias crónicas que, al cumplir años, han mejorado y necesitan menos servicios. El esfuerzo para compensar este despropósito es enorme. También las dificultades. De ahí que en no pocas ocasiones se den retrasos en los pagos que afectan a miles de trabajadoras.


La práctica congelación de las pensiones (con el insultante compromiso de revalorización mínima de un 0.25% anual) a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de estos años con el incremento del coste de gastos ineludibles como la energía o el agua ha venido a agravar la situación de pobreza real de las personas dependientes de una pensión no contributiva que son, en muchos casos, el único ingreso de núcleos familiares "de emergencia".


Finalmente, la protección al desempleo no ha hecho sino reducirse en estos momentos en que es más necesaria que nunca. En 2014, fueron 1.600.000 los desempleados que no recibieron ninguna prestación, sin importar lo angustiosa que fuera su situación. Esto, a a causa de un gobierno que ha reducido los presupuestos para protección al desempleo a niveles de 2008, cuando teníamos aproximadamente la mitad de parados que ahora.


El recorte se ha hecho progresivamente: endureciendo condiciones, disminuyendo, primero a un 60%, luego a un 50% la percepción sobre la base reguladora, aumentando los periodos de cotización, eliminando el subsidio especial para mayores de 45, limitando el de mayores de 55, etc. El resultado es que, cuando más ayudas necesitamos, no sólo hay menos personas recibiendo alguna prestación, sino que la cuantía de éstas se ha reducido. Más de un 11% sólo en los dos últimos años.

 
6. Recortes en inversión pública. Nada de revitalizar la economía.

La inversión pública bien entendida se traduce en inversiones que crean empleo en el corto plazo y mejoran las infraestructuras y con ello la competitividad nacional a largo plazo. Suponen un enriquecimiento común de la sociedad, al incrementar el valor patrimonial del Estado en su conjunto. Es cierto que la inversión pública se puede malversar, con el desarrollo de obras que son un verdadero despilfarro. Obras inútiles que sólo enriquecen a las promotoras que las hacen, a los bancos que las financian y a los políticos que las aprueban y reciben luego sobres a cambio.

Con o sin sobres, sobran ejemplos de esta verdadera "burbuja de las infraestructuras" que tanto daño ha hecho a la economía nacional: la práctica totalidad de las líneas de AVE (hubiera sido preferible un tren convencional de altas prestaciones para personas y mercancías), aeropuertos como el de Castellón, autovías con tráfico irrelevante; rotondas a ninguna parte, etc.

Pero desde la izquierda reivindicamos una contundente y honesta inversión pública material y también inmaterial (I+D) como forma de enriquecimiento de la mayoría social. Y más en tiempo de crisis. Por ello, es escandaloso que en el quinquenio de crisis la inversión pública en España se haya desplomado un 90%. Es una política suicida, reducir la inversión pública tiene unos efectos directos a medio y largo plazo en el potencial de crecimiento de una economía. Sobre todo si el recorte en la inversión también afecta a la investigación.

Detrás de este desmesurado recorte en la inversión pública está el sacralizado principio del déficit cero, que está sirviendo para profundizar el abismo entre las dos europas: una moderna, competitiva, con alto valor añadido y economía productiva y otra deficitaria, subsidiaria, atrasada y endeudada.



III ¿Qué han hecho con mi salario?: Reformas laborales, pensiones y cotización a la seguridad social. 



7. Reformas laborales. Nos quieren aislados, baratos y sin derechos.


Nunca ha habido más paro en España. Tampoco nunca (desde la II República) ha sido más barato despedir a un trabajador. En estas condiciones, el miedo a perder el empleo nos lleva a aceptar cualquier cosa. Es una subasta a la baja en la que los mismos trabajadores compiten entre sí a ver quien acepta unas condiciones de explotación más injustas.

A esto se llega gracias a las reformas laborales que han buscado llevarnos lo más cerca posible del despido arbitrario y gratuito.

En febrero de 2012 un Real Decreto introdujo la última (por ahora) contrarreforma laboral: reducción a 33 días por año la indemnización por despido improcedente; reducción a tan sólo 20 días por año la indemnización del despido por causas económicas ya fuera real o "preventivo"; ampliación hasta los ¡30 años! de esa forma de sobreexpoitación denominada contrato juvenil; eliminación de la autorización administrativa previa para los EREs, etc... Pero lo más grave de esta agresión fue sin duda su laminación del papel de los sindicatos con la eliminación de la ultractividad (prorroga automática de los convenios hasta nuevo acuerdo) así como de la fuerza efectiva de la negociación colectiva. 

Pero el camino lo había abierto en 2010 el PSOE de Zapatero con una reforma que innovó con el concepto de "despido preventivo" que convertía en despido objetivo (justificado) aquel que se hacía en "previsión" de posibles reducciones de la rentabilidad de la empresa (aún rentable, pero con menos beneficios) por causas técnicas o económicas. La misma reforma que cargaba al fondo de garantía salarial (FOGASA) parte del coste del despido. Esta misma reforma eliminó gran parte de las garantías de tutela judicial efectiva en los procesos de despido, a la par que introdujo en España el "despido express" reduciendo a 15 días el preaviso y eliminando en la práctica la figura del despido nulo... 

Una andanada de primer orden contra los derechos de los trabajadores cuyo alcance ha quedado disminuido por la posterior agresión del gobierno de Rajoy, perpetrada tan sólo dos años más tarde, pero que puso en su momento ante los ojos de la clase trabajadora el carácter antisocial y ultraliberal del PSOE. La reacción en forma de huelga general fue insuficiente para frenarla.

Un excelente análisis muy comprensible para los no expertos en derecho laboral de esta reforma lo elaboró la fundación primero de mayo de CC.OO: Los efectos prácticos de la reforma laboral.

Con esta política, no puede sorprendernos que en el intervalo de la crisis, esta haya servido para abaratar los salarios de forma dramática. Así, el porcentaje de trabajadores que cobran por debajo de 2 veces el salario mínimo interprofesional ha pasado del 33% al 46% entre 2004 y 2012, siendo especialmente llamativo que se haya duplicado el porcentaje de trabajadores cuyo salario queda por debajo del mínimo interprofesional.

Así llegamos a la triste realidad de un país en el que los trabajadores tan sólo reciben un 44% de la riqueza nacional producida, mientras en el conjunto de la UE de los 15 este porcentaje es del 50%. En esto no convergemos, sino que divergemos de la Unión Europea, pues hace tan sólo unos años estábamos mucho menos lejos de la media europea, como demuestra el informe de UGT "La devaluación de las rentas del trabajo en España"  que expone el recorte en costes laborales que ha puesto en marcha el capital, con el inestimable apoyo de los sucesivos gobiernos, a lo largo de la crisis.

La salida de la crisis en lo laboral parece consistir para PSOE y PP en mantenernos con precios europeos como consumidores pero con derechos propios de una colonia como trabajadores.



8. Pensiones. ¿Para qué el sistema público con el negocio que es el privado?

Recordemos en primer lugar que las pensiones son salario diferido. Salario que cobramos en el futuro por haber renunciado a el en el presente. No son un coste del Estado, ni una dádiva, ni un "reparto" alegre de riqueza. Son nuestras. También las no contributivas y las de invalidez, pues forman parte del estado social que nos hemos dado los trabajadores.

El trabajador que más sabe de pensiones es Pedro Vaquero del Pozo, autor de "Mejorar las Pensiones. Más allá del pacto de Toledo" y de numerosos artículos al respecto, muchos de los cuales pueden leerse en su blog. Lo que nos enseña Pedro es que el sistema público de pensiones no tiene debilidades intrínsecas, sino que son intereses privados los que provocan su debilidad estructural. El motivo es evidente: raptar para el mercado financiero privado esa descomunal bolsa de ahorro colectivo que son las cotizaciones para la jubilación que decenas de millones de trabajadores y trabajadoras pagamos todos los meses.

Con este objetivo, se llevan a cabo diversas agresiones: la más evidente es la congelación o incluso el recorte de las pensiones que cuando (como en 2015) tan sólo se revalorizan en un 0,25%, están en realidad perdiendo poder adquisitivo. La política de recorte de las pensiones permitió a la ministra de trabajo anunciar que España reducirá el gasto en pensiones en 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022. Sólo la intención apenas disimulada de fomentar los planes privados de pensiones puede hacer que una medida tan antisocial se anuncie con tanto descaro por parte de un gobierno nada dado a la transparencia. Nuestros pensionistas son cada vez más pobres.

Pero también es una agresión a las pensiones el saqueo a las arcas de la seguridad social a través del fondo de reserva a la que nos ha acostumbrado este gobierno. Es la gran caja en la que se acumulan las cotizaciones de todos para que, llegado el tiempo, tengamos un "fondo de reserva" (como su mismo nombre indica) que garantice las pensiones... ¡Pero este gobierno mete mano en el para pagar otras cosas cada vez que la necesidad aprieta!  Así lo hizo por sexta vez en julio de 2014, sacando del fondo 5.500 Millones de Euros y para 2015 Rajoy ha anunciado que piensa gastarse 8.446 Millones de Euros de nuestro fondo de pensiones.

Esa es la principal causa de que el fondo de pensiones no deje de mermar, y no las previsiones (que aún no realidades) demográficas. De hecho, es profundamente falso e ideológico el discurso de que "la evolución demográfica hace inviable el sistema de pensiones". La perniciosa y manipuladora imagen del chiste, que es la que han logrado que poco a poco todos tengamos en la cabeza, no tiene nada que ver con la realidad en la que las previsiones marcan que de cara al 2015 España pasará de necesitar un 12% del PIB para pagar las pensiones, a necesitar un 14%. Una necesidad de financiación de las pensiones menor que la de Francia, Italia o Austria. ¡2 puntos de PIB! No es poco, y la realidad demográfica está ahí, pero lo que tenemos que reestructurar es cuánta riqueza producimos, cómo la distribuimos y cuáles son las prioridades, no extender un pánico a la quiebra del sistema de pensiones para que nos vayamos todos corriendo al banco más cercano a abrirnos uno privado y poner en manos de los tiburones financieros nuestra vejez.


9. Cotizaciones a la Seguridad Social. Reducir costes salariales a costa nuestra.

Lo más contradictorio de todo, en continuación de la cuestión de las pensiones, es que mientras se pregona la fragilidad del sistema, no sólo saquean el fondo de reserva, sino que además, para reducir los costes salariales, rebajan la cotización a la seguridad social. 

Lo hizo Rajoy en 2013 con un plan que redujo las cotizaciones un 1% ese año y otro 1% al año siguiente... y lo hizo deduciendo esta cuantía de la aportación patronal. Por lo tanto, los trabajadores no notamos ningún ahorro, pues es el empleador el que nota la rebaja en sus obligaciones a la hora de pagar las cotizaciones. El efecto, será en diferido, pues es de estas aportaciones de donde se nutre el famoso fondo al que no dejan de dar sablazos los mismos que dicen que corre peligro.

Y lo ha vuelto a hacer, de forma espectacular, cumpliendo con lo que le reclamaba la patronal, al establecer que cualquier nuevo contrato indefinido que haga una empresa que aumente plantilla de forma neta pagará 100 euros de cotizaciones. Y ya está... ahorro neto para la empresa a costa de la hucha de las pensiones que es nuestra: suya y mía. De todos. Es un regalo que el PP le hace a la patronal, pero con dinero nuestro, como siempre.
Luego, cuando hayan llevado el sistema a la quiebra con sus decisiones, dirán que llevaban razón.


IV ¿Qué pasa con nuestro patrimonio común?: Privatizaciones y Deuda Externa. 

10. Privatizaciones. 

Cuando Antonio Maillo le planteó a Montoro que con los recortes que estaban haciendo a Andalucía estaban provocando una situación insostenible en el servicio andaluz de salud, la respuesta del ministro de Hacienda del PP fue sugerirnos que privatizáramos hospitales y centros de salud como está haciendo Madrid para ahorrar costes y obtener liquidez.

Ni que decir tiene que IU ha bloqueado cualquier tentación de pensar siquiera en esta alternativa ¿Por qué? Pues porque las privatizaciones de servicios siempre terminan por encarecerlos a medio plazo. Además, para mejorar su margen de ganancia, las empresas privadas reducen la calidad de la atención al pueblo trabajador a la par que destrozan las condiciones laborales de los profesionales. No sólo eso. Además, al privatizar un bien, servicio o infraestructura, lo que se hace es enajenar un bien común, patrimonio de todos, para que lo adquiera una entidad privada.

Las privatizaciones ofrecen un suculento botín no sólo a quien compra. También a quien vende, el gobernante de turno que cuenta con unos ingresos extra (los del patrimonio rematado) para gestionar en el corto tiempo que corresponde a su administración. Así, el gobierno de Aznar, que se presenta por la derecha como del "milagro económico" estuvo condicionado por el despilfarro de más de 35.000 Millones de Euros provenientes de la venta de empresas públicas que dejaron de formar parte de nuestro patrimonio colectivo. Por supuesto, los ingresos que estas empresas obtienen y que formaban parte de los ingresos anuales con los que contaba el estado para inversiones y servicios públicos, pasaron a manos privadas. Aznar se comió de golpe los ingresos de las generaciones futuras.
Fiel a esta línea, y a poco más de seis meses de su toma de posesión, Rajoy anunció la venta de empresas públicas por valor de 30.000 millones de Euros. Las empresas elegidas fueron, por supuesto, las más rentables: (EADS, Red Eléctrica, Enagás, IAG, Ebro Puleva, etc.). Este plan ha estado paralizado estos años, pero ahora se ha reactivado, con la anunciada venta del 49% de AENA, una empresa pública rentable, que es sólo la más destacada del nuevo proyecto de empobrecimiento colectivo que ha puesto en marcha el PP. Con esto, Rajoy liquida las últimas empresas rentables del estado español.

 
11. Deuda Pública. Cadena de eterna servidumbre.

Cada españolito nace ya con una deuda a cuestas de más de 22.000€ a la que tendrá que dedicar buena parte de la riqueza que genere con su trabajo el resto de su vida. La deuda pública de España alcanza ya cerca de 1.100.000.000.000 Euros y el pago sólo de los intereses supone 40.000 Millones de Euros anuales... más de 100 millones de Euros al día. Esto sólo para pagar los intereses. Sin reducir en un misero céntimo la deuda.

La Deuda púiblica de España es impagable. Es, además, en buena medida, ilegítima u odiosa y debería ser auditada, revisada y refinanciada a la baja con una quita en lo relativo al menos a los rescates del sistema bancario. Hemos llegado a ella como resultado de una especulación financiera de la que no sólo no nos hemos enriquecido los españoles, sino que nos ha empobrecido. Es consecuencia también de la asunción del rescate de los bancos privados... buena parte de los cuales son, paradojicamente, los que se enriquecen con dicha deuda pública.


España, que es ya el segundo país del mundo más endeudado, sólo superado por Estados Unidos, ha disparado de forma abrumadora su deuda durante los años de la crisis. En estos años de crisis, el endeudamiento público se ha multiplicado por tres, pasando de 362.307 Millones en 2007 a una previsión, a cierre de 2005, de 1 billón 95.000 millones de Euros.

Dado que en el periodo de crisis el producto interior bruto apenas si ha variado, nuestra deuda ha pasado de representar un 34% de la riqueza nacional en 2007 a superar el 100% en 2015... es como si una familia se hubiera endeudado salvajemente en una época de penuria económica.


El endeudamiento no es malo de por sí. De hecho, puede ser hasta beneficioso si se contrae para llevar a cabo inversiones productivas que incrementen la riqueza nacional. Como hace cualquier empresa, se trata de una deuda para financiar una inversión que permite generar nuevos ingresos que paguen no sólo los intereses, sino el principal de la deuda y hasta dejen un margen de beneficio... En el caso de un estado, puede ser parte de un programa de financiación de empresas estatales productivas en el sector energético, turístico, de industrias de carácter estratégico o incluso en I+D. No es este el caso de España. El endeudamiento masivo se ha asumido en una época en la que no sólo no se han hecho inversiones en tejido productivo, sino que se han pagado inversiones ruinosas improductivas de la era de la "burbuja de las infraestructuras" referida en el punto 6. Es el caso de muchas líneas de AVE o las autopistas de peaje que se han "rescatado" con dinero público (deuda). 3.600 Millones para que no quiebren las empresas amigas que las construyeron para mayor satisfacción de gobernantes del PP.

Porque tampoco se ha asumido este sobreendeudamiento para garantizar el estado del bienestar. Si observamos la composición de la deuda pública, veremos que las Comunidades autónomas, que son las responsables de pagar educación, sanidad, servicios sociales, etc., no son las que más han contrinuido al endeudamiento. De hecho, hasta 2013, las CCAA "sólo" son responsables de 140.000 millones de incremento de la deuda, mientras el gobierno central la ha incrementado en más de 400.000 Millones y las entidades locales (los ayuntamientos) apenas si han crecido en endeudamiento. El discurso recentralizador, antiautonómico y antimunicipalista de la derecha (PP y UPyD) es en este sentido contrario no sólo a la razón, sino a los hechos y tan sólo tiene origen en motivos ideológicos de quienes nunca quisieron una descentralización que implica mayor democracia.
Cuestionar la deuda no es un capricho ideológico. Es una política de izquierdas que busca liberar a la clase trabajadora del yugo de servidumbre que generación tras generación, han construido la derecha y el capital bancario, para incrementar el enriquecimiento de una minoría.


V Conclusión. Sumisión o cambio.

Para cuando esto termine, tal y como van las cosas estaremos más endeudados, desposeidos de los bienes comunales del estado, sometidos a más horas de trabajo por salarios escasos, con escasas  pensiones de jubilación, pagando altos impuestos para obtener peores servicios públicos, desprotegidos socialmente ante la adversidad y, eso sí, asistiendo impotentes al enriquecimiento de la minoría dominante. Los años de crisis habrán servido para un proceso de aumulación de capital y una expropiación de la mayoría social nunca vistos en este siglo.

... si esto sigue así ... porque hay otra alternativa. Cambiar radicalmente de política. Desandar el camino que nos ha sumido en esta situación. Construir un estado con un fuerte sector público, impuestos justos, derechos laborales, economía productiva, protección social, persecución del fraude, inversión pública... 

En Izquierda Unida estamos en ello. Siempre lo hemos estado.