22 de julio de 2012

25J ¿Y Ahora qué hacemos?


El Gobierno del Partido Popular ha aprobado el mayor recorte de derechos al pueblo español desde abril de 1939.

El Parlamento alemán ha dictado las condiciones de empobrecimiento masivo y explotación que debe aceptar la población española para seguir garantizando el pago a la banca de los intereses derivados de la deuda creada por los especuladores. El secuestro (que ellos llaman "rescate") total de España ha comenzado.

Tras el inmenso éxito de las manifestaciones del 19J, la movilización no debe decaer. Este gobierno tiene que saber que no cuenta ya con el respaldo popular que le llevó al poder.

Te invitamos a la asamblea abierta de la Provincia de Granada convocada para el próximo miércoles 25 de julio, a las 20:00 h en el CIE "Marcelino Camacho" de Cullar Vega. Te pedimos que difundas esta iniciativa y animes a participar en ella.

Un espacio de encuentro no sólo para toda la militancia de IU, sino para que militantes de base y dirigentes de organizaciones políticas sociales y sindicales de izquierda pongamos en común nuestras ideas e iniciativas:
  • ¿Qué movilizaciones podemos poner en marcha?
  • ¿Qué fuerza tenemos?
  • ¿Cómo provocamos la rebelión de la mayoría social?
  • ¿Es posible avanzar hacia un frente común en la movilización contra la derecha y sus políticas?
Esperamos contar con tu presencia, tu ayuda y tu aportación.





Se trata de organizar la rebeldía


Nos vemos.


Manuel Morales García
coordinador provincial IULVCA - Granada
@manuelmoralesiu

21 de julio de 2012

Los "hijos" de los que ganaron la guerra, pedimos memoria histórica

Ninguno de los miembros de mi familia murió fusilado en las tapias del cementerio de Granada. Ellos eran de los otros, del bando que ganó la guerra. Algunos, jugando un papel muy activo en la contienda y en la dictadura de Franco.

Tuve que llegar a ser concejal del Ayuntamiento de Granada para aprender que en los mismos sillones en los que yo me sentaba y discutía de la política cotidiana de la ciudad, se sentaban, 50 años antes, unos hombres que fueron asesinados por hacer exáctamente lo mismo que yo: representar a la izquierda de Granada. Aprender, con asombro, que si por un azar caprichoso yo hubiese nacido 50 años años antes, habría muerto antes de llegar a cumplir los 34, fusilado en las tapias del cementerio a manos de unos fanáticos a los que mis antepasados llamaban "compañeros nacionales".


Y no fueron sólo concejales. Fueron diputados, profesores, médicos, artesanos, abogados, trabajadores de toda clase, sindicalistas, maestros... en número de 4.000 ¡4.000 sólo en las tapias de Granada! Algo más del 1% de toda su población. Su delito: ser un presunto obstáculo para el nuevo régimen nacional católico (la versión española del fascismo)

La memoria histórica es eso: aprender la historia de nuevo. Cambiar la palabra alzamiento por golpe de estado; guerra por exterminio; confrontación por agresión... comprender que Francisco Franco fué la versión española de Adolf Hitler, sólo que más cruenta (Franco asesinó más españoles de los alemanes que asesinó Hitler).

La memoria histórica es preguntarse cómo se produjo la fantástica acumulación de riquezas inmobiliarias, bancarias y de tierras de los que ganaron la guerra. Qué pasó con los bienes, las fábricas, las tiendas, las haciendas de los perdedores... y comprender también el vergonzoso papel que jugó la Iglesia Católica como complemento necesario de la matanza. Sin memoria histórica, no se puede comprender la realidad social y económica actual de Andalucía.

Yo todo esto lo he aprendido pasados los 30... el relato en mi familia era otro. Aún ayer, camino de la tapia, un familiar mío me decía: "mentiras, exageraciones... si hubieran ganado los otros..." Hay que estar allí. Hay que escuchar la voz de la niña que con 9 años perdió a su padre. Hay que leer las cartas a sus familias de los prisioneros condenados sin juicio ni culpa. Hay que escuchar la larga posguerra de humillación, pobreza y silencio de los huerfanos de los que perdieron.

España se merece la verdad. Nadie puede discutir la utilidad del movimiento por la memoria histórica ni la necesidad de que sea fomentado y desarrollado desde los poderes públicos. Sin el movimiento por la memoria histórica, yo, jamás hubiera sabido la verdad sobre mi ciudad, sobre mis vecinos... y sobre mi propia familia. Memoria histórica es saber la verdad. Descubrirla en toda su crudeza. Aunque duela... y duele, sin que ello me quite un ápice de cariño a mis familiares.

8 de julio de 2012

La derecha contra los funcionarios.

En su afán de manipular, la Razón hoy nos deja la perla de que en España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos incrementaron el número de funcionarios un 20% en los últimos 10 años ¡oh escándalo! Sin más matices ni valoración.

Se da por supuesto, que eso es malo. Puro despilfarro, porque, al fin y al cabo ¿quién necesita funcionarios? Si claro, están los servicios sociales para los barrios deprimidos, las bibliotecas para que todo el mundo pueda acceder a la cultura, las escuelas infantiles públicas, los cunsultorios rurales... para eso sí, claro, pero lo que es de la gente bien ¿quién necesita un funcioniario?

Luego están los otros funcionarios, esos molestos de verdad. Los que entorpecen el libre funcionamiento de la economía y de la iniciativa privada: inspectores de consumo, de urbanismo, de medioambiente, de trabajo, ¡de hacienda!. Esas insidiosas mujeres que siembran el malestar con sus teorías sobre el acoso sexual en el trabajo y la igualdad... De verdad ¿quién necesita funcionarios?

Así, que es un escándalo y un despilfarro que entre 2001 y 2011 se incrementara el número de funcionarios ¡Nada menos que en un 20%! ¡Como si España estuviera para esos dislates!

Lo que no dice La Razón, es que en esos mismo 10 años, el producto interior bruto de España pasó de 721 a 1.369 miles de millones de Dólares. Creció un 90%. Casi se duplicó. En esos 10 años la renta disponible por habitante pasó de 18.000 $ a 29.400 $. Es decir, que el PIB per cápita creció un 63% ¡el triple que el número de funcionarios en CC.AA y Ayuntamientos! En esos mismos 10 años, la población pasó de 41 a 47 millones. Creció un 15%.

Es decir, que de 2001 a 2011 España pasó a tener un 15% más de población y a generar un 90% más de riqueza, pero los trabajadores públicos sólo crecieron un 20%... tuvimos un gobierno "socialista" que consintió que los servicios púbicos crecieran a un ritmo 4 veces menor que la economía.

       Si en ese "boom" los servicios públicos se hubieran desarrollado, junto con una política de estímulo de la economía productiva, hubiéramos tenido pleno empleo y un alto grado de bienestar, y posiblemente no estaríamos en la crisis que padecemos... pero esa es otra historia.

¿Son tontos en La Razón? No. Están construyendo el argumentario para el ataque a la función pública que desencadena Rajoy. Para el más que previsible ERE masivo de empleados públicos que se va a desarrollar en España en los próximos meses. Se trata de criminalizar a los trabajadores públicos para hacer "popular" (nunca mejor dicho) su despido. Ya vendrán después los primos con sus empresas privadas a sustituir el servicio público por el negocio.

Los funcionarios son herramientas de distribución de la riqueza. Hay de todo, por supuesto. Se deben erradicar enchufes y mejorar en eficiencia, pero defendemos la necesidad y dignidad de los empleados públicos frente a quienes les atacan sin otro afán que el lucro más descarado.

4 de julio de 2012

IU en defensa del salario indirecto de 8 millones de andaluces

El gobierno de IU en Andalucía es el mayor bastión con que cuenta la clase trabajadora para resistir a la ofensiva del capital.

Salgo a la calle una y otra vez, pero por ningún lado veo manifestaciones de padres y madres de alumnos, ni de estudiantes universitarios, ni de afectados por recortes en los servicios médicos...

Será, seguramente, porque en Andalucía se ha decidido no ceder a las presiones de la derecha, que pretende meter a los niños en grupos de hasta 45 alumnos por áula.

Será porque Andalucía va a ser en la única comunidad autónoma en la que las tasas universitarias subirán el IPC (un 2,4%) y no el 15%, el 20% o el 30% como va a ocurrir en las que gobierna el PP. La estrategia, claramente, pasa por encarecer la universidad pública para, entre otras cosa. Será también porque este gobierno ha decidido no recortar en servicios médicos.

Marcelino Camacho ya explicó hace muchos años (incluso a los niños, en la bola de cristal), que los trabajadores recibicmos tres formas de salario: el directo, el indirecto y el diferido. El salario indirecto es lo que recibimos los trabajadores a través del Estado de Bienestar: educación, sanidad, cultura, protección social.

En Andalucía, Izquierda Unida está en el gobierno. Esto significa que las estrategias de la derecha para provocar la destrucción del estado de bienestar recortando una y otra vez los presupuestos públicos (y en particular los andaluces en un ataque sectario y centralista contra Andalucía entera) se están combatiendo desde el gobierno.

Estamos defendiendo el salario indirecto de 8 millones de andaluces.

Así y sólo así podemos entender las gentes de izquierdas las decisiones que se toman en Andalucía.

Los trabajadores públicos no están contentos. No me extraña. Es muy duro lo que nos están haciendo a Andalucía, y resistir es difícil. Yo también soy funcionario, y sé de las dificultades crecientes para llegar a fin de mes. Yo también sufro la campaña de descrédito contra los servidores públicos. Por eso, devolver la dignidad, el respeto, el buen nombre y el poder adquisitivo a los funcionarios debe ser prioritario para este gobierno.

Me reúno con colectivos de parados, de vecinos de barrios marginales, de ecologistas, de agricultores... lo que nos piden es que empecemos a tomar decisiones que transformen la realidad andaluza. Y su esperanza en el gobierno de IU es grande.

Estoy convencido de que podemos hacer mucho por esa Andalucía que reclama un cambio urgente. Por eso estamos en el gobierno. Por eso, pedimos un voto de confianza, algo de paciencia y la solidaridad de nuestros compañeros de la función pública.