17 de noviembre de 2018

Plan local de cronificación de zonas desfavorecidas

El señor alcalde y otras instituciones cómplices acaban de presentar un plan contra la exclusión social que no ataca ni una sola de las raíces de la exclusión, pero que va a servir para gastar millones de euros en que las administraciones hagan como que hacen frente al mayor problema social de la provincia. Esto es como el que tiene el motor del coche reventado y le cambia los parabrisas.

Una de las máximas de toda planificación de intervención social que se precie, es que ningún proceso puede llegar a buen término sin la aceptación y protagonismo de sus beneficiarios. Muy especialmente, si éstos no tienen la convicción de que el proyecto en cuestión responde a sus “necesidades sentidas”. Es decir, que haya salido de la gente y de la convicción de esa misma gente de que esas actividades que se van a desarrollar son las que van a mejorar sus vidas.

No es fácil, lo sabemos, trabajar así. Requiere mucho diálogo, mucho trabajo entre el colectivo y los técnicos de las administraciones o sus agentes privados (las asociaciones y ONGs) para que los intereses confluyan y las buenas intenciones deriven en un proyecto verdaderamente viable. Que aúne el sentir de la gente que quiere transformar su realidad y el conocimiento y saber hacer técnico de los profesionales de la intervención.

Nada de esto está ocurriendo en Zona Norte. Lo que se está haciendo es todo lo contrario. A lo largo de estos meses se nos ha reunido a unas pocas decenas de vecinos para intentar convencernos de que el Plan Local de Inclusión Social que han diseñado los técnicos municipales, junto con los de las asociaciones que han hecho de la intervención en el barrio su profesión, es lo que necesitamos.

No es así. Si hubieran preguntado a los vecinos y vecinas del barrio antes de ponerse a hacer un plan, habría salido que lo primero que necesitamos es empleo, lo segundo empleo y lo tercero empleo. Y después formación profesional de calidad para el empleo adaptada a las características de la gente del barrio. Y seguridad ciudadana, mejora de las viviendas, ordenación del espacio público, más servicios públicos, desde bibliotecas a servicios de urgencias, mejor transporte público…

Pero el plan que se nos pone encima de la mesa, según el marco diseñado por la Junta de Andalucía, lo único que incluye es la contratación de profesionales del trabajo social y la educación social. Para educarnos en la multiculturalidad y la convivencia, la intervención social comunitaria, la cohesión social… ¿En qué puesto cree la Junta de Andalucía que habríamos puesto los vecinos estas necesidades si nos llegan a preguntar?

Los problemas de convivencia y de desestructuración social que tenemos en el barrio los ha creado el paro, la pobreza y la desigualdad que padecemos ¿Qué van a hacer? ¿Educarnos para que aprendamos a convivir con esa realidad? ¿No tendría más sentido cambiarla? Solo una linea del plan habla de desarrollo económico, pero el plan solo prevé como herramientas la contratación de educadores y trabajadores sociales ¿Nos puede explicar alguien cómo va a mejorar el desarrollo económico del barrio la contratación de estos profesionales?

El problema es que, después de 50 años de malgobierno, la transformación integral del barrio requiere de inversión pública de verdad: en equipamientos, en educación, en formación laboral, en zonas verdes y transporte público… y en lucha contra un crimen organizado que se tolera con la complicidad de las administraciones para que así se quede donde menos molesta a las capas más acomodadas de votantes. Y como para acometer esa transformación integral no hay ni dinero comprometido ni ganas de comprometerlo, se hacen estos planes cosméticos, con unos fondos ridículos que sólo sirven para entretener a los pobres y no llegan ni para hacer la miseria sostenible.

No queremos con esto descalificar ni a los técnicos municipales ni a los de las asociaciones. Hacen lo que pueden con un plan diseñado desde un despacho en Sevilla, en aplicación de una directriz lanzada desde Madrid que adapta las prioridades de un programa redactado en Bruselas… unos tras otro elaborados por personas que, salvo accidente, en su vida han vivido o tan siquiera visitado el barrio.

Como estos planes se pueden vender mejor políticamente si se dice que se han hecho “con la participación de la ciudadanía” nos han reunido un par de tardes durante hora y media, han escuchado nuestras quejas, nuestra frustración por otro plan, otro, que tampoco obedece a las necesidades reales del barrio y han hecho la foto de rigor para poder meterla en el proyecto con la etiqueta “participación” debajo.

Pregunten a cualquier residente en el barrio. Lo que se reclama es un plan de verdad. Hecho desde abajo, con el compromiso previo de las distintas administraciones que defina un techo de gasto para varios años y, con ese marco, que los vecinos y vecinas seamos escuchados por los técnicos del Ayuntamiento, de la Junta y de las asociaciones para redactar poco a poco, todas juntas, el verdadero plan que responda a las necesidades de la gente del barrio, a nuestras capacidades y a nuestros deseos de mejorar la Zona Norte y las vidas de sus gentes, que son muchas. Eso no puede hacerse ni a corto plazo, ni con prisas, ni sin medios ni sin ambición política. Eso es lo que echamos en falta. Ambición de la buena para la Zona Norte, donde viven los obreros víctimas de la lucha de clases.

15 de noviembre de 2018

7 de noviembre de 2018

Cultivar marihuana, un yacimiento de empleo.

El cultivo de marihuana está legalizado de facto en Andalucía. Tampoco descubro ningún secreto ¿verdad? En todos los barrios y pueblos se sabe qué se cultiva, dónde se cultiva, qué familias son las que lo hacen y, a poco que se sea observador, en qué momento llega la cosecha y como se saca el producto camino de Europa una vez terminado el proceso de secado y cortado. Lo saben los vecinos, los alcaldes, los policías locales, los maestros y los trabajadores sociales. Lo saben, por supuesto, las tiendas que venden lámparas, sistemas de riego, termostatos, abonos y calefactores.

Lo sabemos todos, en definitiva. Y hemos decidido despenalizarlo en la práctica, por más que aparezca de vez en cuando en los telediarios alguna noticia de que se desmantela un piso o un sótano en el que se cultivaba marihuana... uno de los diez o doce que hay solo en esa misma calle y sobre los que se sigue haciendo la vista gorda.

No se me malinterprete. No estoy reclamando que se persiga el cultivo de marihuana; estoy pidiendo, como suele ser habitual, que nos dejemos de tanta hipocresía colectiva y se legalice y regule formalmente lo que ya está normalizado y consentido social y factualmente. Hace unos 15 años, en los debates sobre la nefasta ley de convivencia ciudadana del PP en la ciudad de Granada (por cierto, a ver cuando la deroga Paco Cuenca, que esto no cuesta dinero) apareció el tema del consumo en público de cannabis. Algo sobre que se pretendía sancionar con especial rigor. En un momento dado pregunté a la veintena de técnicos y cargos electos presentes que si es que había allí alguno que nunca se hubiera fumado un porro... ni uno levantó la mano. Ni uno consideró necesario ocultar que había hecho algo que pretendían sancionar. Es más: incluso es posible que hubiera quien, no habiéndolo hecho, no quiso declararlo para no pasar por "pardillo". Este es el nivel de aceptación social del consumo de marihuana en nuestra tierra.

Son miles las familias de la provincia de ex trabajadores de la construcción, que han encontrado en el cultivo una alternativa al paro y la pobreza absoluta en la que cayeron tras el reventón de la burbuja inmobiliaria. Un sector que mueve millones anualmente y que ya se encuentra incorporado en la contabilidad nacional tras la adaptación de esta al Sistema Europeo Contable 2010 para la estimación del Producto Interior Bruto. Otro signo de normalizacion.

El cultivo ha llevado tranquilidad a los barrios, garantiza un nivel de vida razonable para las familias que lo han adoptado como medio de vida y ha evitado una escalada de delincuencia que, sin duda, habría acompañado en otro caso a la pobreza generalizada. Pero no todo son ventajas. El cultivo de marihuana está salvando los barrios en el plazo corto, pero puede condenarlos en el  medio y largo. Evidentemente. La clandestinidad en la que se ve obligada por la ley a realizarse la actividad, trae aparejada una cultura de la alegalidad que muy fácilmente se desliza hacia la ilegalidad y el delito: los consumos ilegales de electricidad y los problemas aparejados de suministro; la ocupación de viviendas para montar invernaderos, la aparición de mafias para "proteger" las plantaciones y garantizar la comercialización, los choques posteriores entre estos grupos por el control de territorios, etc. Además, como todas estas familias están formalmente en paro, reciben unas ayudas sociales que no les corresponden por su nivel real de ingresos, ya que estos se generan en la economía sumergida.

Pero todos estos problemas no se deben al cultivo de marihuana, sino a su carácter ilegal. Se deben a que hemos tomado, también de forma colectiva, la peor de las decisiones: ni actuamos consecuentemente con su prohibición, erradicando una práctica formalmente ilegal, ni la legalizamos y regulamos, actuando consecuentemente con su aceptación social. No. Hemos decidido ignorarlo, hacer como que no existe y mirar para otro lado... mientras creamos un problema mucho mayor, que es de la aparición de grupos mafiosos que controlan la producción dentro de nuestras ciudades. Es exactamente la misma conducta hipócrita e irresponsable que exhibimos con la prostitución: sumergir en el oscuro mundo de la ilegalidad una actividad que no perseguimos para que allí dentro todo tipo de abusos sean posibles, en este caso sobre las mujeres -aunque la comparación no sea exacta pues en el caso de la prostitución yo defendería su erradicación real-

En California la producción de marihuana es legal desde hace años y en 2016, las ventas representaron más de 2.700 millones de dólares. El año pasado se abrió el sector a la producción industrial, permitiendo la obtención de beneficios a sociedades que se dediquen a ello. Y no pasa nada. No se ha derrumbado la sociedad, ni se ha reducido el nivel intelectual del estado, donde siguen estando los mejores clusters en nuevas tecnologías del mundo, ni ha estallado la revolución hippie. Simplemente, tienen un sector económico más y han terminado de raíz con todo elemento asocial relacionado con el cultivo.

Una legislación que permitiera el cultivo legal de marihuana en Andalucía, haría aflorar miles de puestos de trabajo (con sus correspondientes impuestos y cotizaciones sociales), ayudaría a equilibrar las cuentas públicas y eliminaría todos los problemas anteriormente apuntados y que reproducen la exclusión social en los barrios y pueblos. Además, dicha regulación debería  primar el régimen de cooperativa y limitar el volumen de producción para conservar el carácter social que actualmente tiene el cultivo. Es una cuestión de interés general. Pero es sobre todo una necesidad urgente para evitar que nuestros barrios más empobrecidos se conviertan en ghettos al margen de la ley donde el estado no llega. Barrios en los que no viven delincuentes, sino clase trabajadora que merece que se regule la única actividad económica que ofrece una salida y que, por otra parte, ya hemos aceptado como país.

¿Quién gana cuando gana la banca?

La resolución del Supremo perdona la banca el pago del impuesto por actos jurídicos documentados (las hipotecas) y la carga sobre los clientes, pese a que el propio supremo había sentenciado que correspondía pagarlo a los bancos.

La razón esgrimida es la presunta inestabilidad en el propio sistema bancario que podría acarrear el tener que hacer frente al pago de esos impuestos que injustamente (decía el supremo) se cargó sobre las familias que contrataron una hipoteca en los últimos 4 años. Esa inestabilidad pondría en riesgo, supuestamente, al sistema bancario y por tanto a la economía en su conjunto, el empleo, etc.

Es mentira. En primer lugar, los beneficios de la banca en el pasado año 2017 alcanzaron 13.700 millones de Euros y este año 2018 se prevé que se acerquen a los 16.000 millones. Frente a esa mareante magnitud, el impuesto representa unos 4.000 millones de Euros, según algunas estimaciones. Es decir, que no estamos hablando de pérdidas, sino de reducción de beneficios. Que tan sólo estamos hablando de uno de cada cuatro euros de los beneficios que la banca tiene previsto obtener este año. Seguirían ganando 12.000 millones ¿Esto pone en riesgo el sistema? Además, con voluntad política, se podría haber regulado el impacto con un plan de devoluciones escalonado en varios años, amortiguando el efecto sobre la rentabilidad para los inversores.

Se dice también que estas "pérdidas" para los accionistas, que ya hemos visto que no son tales, afectan a los españoles que somos en definitiva los dueños de los bancos a través de las acciones "que están muy distribuidas". Es mentira: la carga de ese impuesto se le está perdonando a un puñado de millonarios en su gran mayoría extranjeros. En primer lugar, en España, sólo un 10% de la población invierte en bolsa. El 10% más rico,  en su mayoría coincidente con ese 10% que según el INE tiene un patrimonio superior a los 500.000 €. En segundo lugar, la propiedad de los bancos está muy concentrada. El 62% del Santander está en manos de 865 personas. Si llevamos ese porcentaje al 70% en el caso del BBVA son sólo 6.500 personas las propietarias. 


Pero es que, para colmo, el 85% de esos propietarios en el caso del BBVA y el 95% en el caso del Santander, ni siquiera son españoles, ya que esos son los porcentajes de propiedad de esos bancos que están en manos de inversionistas extranjeros. En resumen, que las familias hipotecadas españolas le hemos pagado 4.000 millones en impuestos a los millonarios inversionistas extranjeros que son dueños de nuestros bancos, pese a que una sentencia judicial -ahora contradicha- dictaminó que debían pagarlo ellos.

Se trata tan solo del enésimo trato de favor al sector bancario en España. El mismo al que se le ha permitido desahuciar a 236.000 familias de su primera residencia en los últimos 10 años. El mismo al que se han cobrado cero impuestos de sociedades en esos mismos años por los 84.000 millones de euros que han ganado a nuestra costa.
¿Qué es lo que ha pasado? Símplemente que se han puesto en evidencia una vez más los poderes reales de esta democracia de baja intensidad. Que un poder fáctico, el capital bancario, ha demostrado estar por encima de un poder del estado, el judicial. Lo dijo hace poco Maroto: "los golpes de estado ya no se dan con tanques" Es verdad. Ahora se dan por teléfono y este ha sido un minigolpe en el que los banqueros en un par de semanas de presiones, han puesto de rodillas a nuestras débiles instituciones.

Todo un catálogo de argumentos a favor de un proceso constituyente que ponga en orden los poderes de esta devaluada democracia. Mientras tanto, tenemos una cita este fin de semana ante las sedes judiciales. No faltes a la tuya. Te están robando.